Un acercamiento a los archivos confidenciales sobre los movimientos políticos y sociales de los años sesenta y setenta del siglo XX

Delia Salazar Anaya y Laura Beatriz Moreno Rodríguez (1)

El instrumento de consulta que hoy se presenta, denominado Guía del Fondo de la Secretaría de Gobernación. Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Estudios estatales 1966-1973,  forma parte de un largo proyecto de colaboración con el Archivo General de la Nación (AGN) que emprendió un conjunto de investigadores de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia hace más de una década.

Este resultado se suma a otros esfuerzos promovidos por académicos y archivistas pertenecientes a diversas instituciones públicas en México, que pretendieron dotar de herramientas a los investigadores interesados en consultar la documentación que atesoraron por décadas algunas dependencias adscritas a la Secretaría de Gobernación en el siglo XX. Ésta es de especial relevancia e interés para la historia mexicana y su relación con el exterior, y hoy en día se encuentra depositada en la Galería II del AGN, en la sección que genéricamente se denominó: Investigaciones Políticas y Sociales.

Por su importancia testimonial e histórica para quienes buscaron, ya sea por razones de justicia o de interés académico, conocer el contenido de la documentación que el Estado mexicano acopió y clasificó con especial celo por décadas, debido a que podía revelar asuntos que se consideraban de “seguridad nacional”, creímos importante transmitir a los usuarios de esta guía algunos elementos que, seguramente, facilitarán la consulta y mejor comprensión del tipo de materiales generados por la extinta Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), resguardados en la Galería II del AGN, en el periodo que corresponde a esta entrega o incluso a quienes empleen el archivo por otros medios.

Para tal fin, hemos dividido este ensayo introducción en cuatro apartados. En un primer momento, nos centraremos en la importancia del acervo de la DGIPS, sus vínculos con los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que entregó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en 2002, ubicados en la Galería I del mismo archivo, y aludiremos a los esfuerzos realizados para conocer y permitir su consulta. En un segundo momento nos centraremos en las características de los expedientes generados por la DGIPS en el periodo 1966-1973, con especial interés en los estudios estatales realizados por dicha dependencia, que son la fuente básica que damos a conocer en este esfuerzo. Enseguida, ofreceremos un panorama general sobre los actores y aspectos de la historia mexicana que se documentaron en los estudios estatales del lapso aludido, y apuntaremos algunas posibilidades de investigación. Por último, haremos una somera descripción de las características de la ficha básica empleada en la base de datos de esta guía y de los índices que la acompañan.

1. Los necesarios antecedentes

El 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un esperado informe sobre los centenares de individuos perseguidos y desaparecidos durante la llamada “Guerra sucia”, en donde se establecía la responsabilidad del Estado mexicano en tan lamentables hechos. Ese mismo día, el presidente Vicente Fox Quesada, tal vez consciente del escaso resultado de las indagatorias —que para muchos de los familiares de los 523 casos documentados resultó una verdadera burla—, (2)  emitió un decreto mediante el cual creó una Fiscalía Especial encargada de esclarecer los hechos. El objetivo era la procuración de justicia para las personas vinculadas con los movimientos políticos y sociales del pasado, y dispuso que los archivos de las extintas DFS (1947-1985) y DGIPS (1948-1985), resguardados por el CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación, serían entregados para su consulta pública en el AGN, ubicado en el antiguo Palacio de Lecumberri. (3)

En febrero de 2012, cuando empezaron a circular las noticias sobre la llegada y eventual apertura de los archivos que pertenecieron a la policía política mexicana del régimen priísta, el politólogo y periodista Sergio Aguayo Quezada señaló en una nota, publicada en el diario Reforma, que el gobierno del presidente Fox demostraba con tal decisión su compromiso con la transparencia; destacaba el orden en el que se encontraban los materiales atesorados; el volumen de los ficheros sobre millones de individuos y organizaciones que había conservado el CISEN, y concluía preguntándose si las 42 sillas que se colocarían en la Galería I del archivo bastarían para atender a todos los usuarios que seguramente llegarían a consultar aquellos papeles. (4)

Sin embargo, quienes concurrimos en el AGN en esos años atestiguamos que pronto pasó la euforia por los archivos del CISEN, abiertos a consulta pública en junio de 2012, cuando se emitieron los lineamientos de entrega, consulta y reproducción de los documentos, debido a que muchos de ellos contenían información que se consideraba personal y podía ser restringida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (5)  Las cámaras de televisión y los periodistas, que con sus trabajos trastocaban la tranquilidad y el silencio del archivo, fueron los primeros en retirarse, cuando descubrieron que aquello que pretendían conocer requería de largos años de esfuerzo e investigación. (6)  Paulatinamente le siguieron gran número de hombres y mujeres que solicitaron la consulta porque habían sido investigados, perseguidos o eran familiares, amigos o defensores de quienes habían desaparecido, y que tal vez se sintieron decepcionados o conmovidos por lo que encontraron en aquellos polémicos papeles. (7)  Cuatro años después, incluso se retiró el personal de la Fiscalía Especializada para los Movimientos Políticos del Pasado (FEMOSPP) —a cargo del doctor Ignacio Carrillo Prieto—, cuyo informe final, entregado en 2006, (8)  volvió a dejar mucho que desear, según refirieron diversos actores de la sociedad y la política mexicana e internacional. (9)

De este modo, por más de una década las sillas de aquella galería del AGN mayoritariamente han sido ocupadas por jóvenes estudiantes o empeñosos investigadores que, como el mismo Aguayo señalaba en el artículo referido, sabían trabajar con “humildad y paciencia” un archivo, (10)  y elaboraron tesis o investigaciones de fondo que hoy en día empiezan a conocerse. (11)  Quienes cuentan con experiencia en la revisión de archivos históricos, saben que una de sus principales riquezas consiste en levantarse de la mesa después de un largo jornal, sin haber encontrado nada de lo que se buscaba, pero con múltiples indicios sobre asuntos que no se supuso encontrar.

Las cámaras y el entusiasmo por conocer el contenido de los documentos, que por décadas se consideraron clasificados y que aportarían todo tipo de pruebas sobre las acciones de un Estado autoritario —que había ejercido la represión y persecución de sus opositores políticos o incluso de individuos que por muy variadas razones se consideraron dignos de algún tipo de sospecha o víctimas de la delación o la discrecionalidad de un funcionario—, parecieron ocuparse sólo del archivo que resguardó el CISEN. Sin embargo, desde inicios de 2002 se sabía que otra parte de la documentación que daba cuenta sobre las acciones de la policía política mexicana, que debían estudiar y analizar la FEMOSPP o los investigadores interesados en la historia contemporánea de México, había llegado dos décadas atrás al AGN, y en ese momento se ubicada en la galería contigua, la número II. (12)

En este caso, se trataba de gran parte de la documentación que habían producido la DGIPS y las oficinas que la antecedieron desde 1920: (13)  el Departamento Confidencial (1920-1938), la Oficina de Investigación Política (1939-1941), el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales (1941-1947), y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (1948). En la Guía General del AGN, en su versión digital en Internet, este acervo puede ubicarse en el Fondo de la Secretaría de Gobernación, siglo XX, sección Investigaciones Políticas y Sociales (IPS), (14)  aunque en otros documentos figura con su nombre completo. Es conveniente señalar que en el mismo grupo documental también se encontraban expedientes que habían pertenecido a la DFS.

La documentación de la DGIPS se ubicó en 23 acervos de la planta baja de la Galería II del AGN —antiguas crujías del “Palacio Negro” de Lecumberri—. Pero al inicio del año 2002 sólo una parte de los expedientes se encontraban depositados en los primeros cinco o seis acervos, en poco más de mil cajas de archivo AGN 12 o 19, y contaban con cierto orden cronológico o temático, gracias a los esfuerzos de identificación realizados por el personal del archivo años antes de que se pusiera a disposición de la Comisión Especial del 68, creada por la Cámara de Diputados en 1997. (15)  Sin embargo, la mayor parte de la documentación aún se encontraba en cajas de archivo mixto o muerto, y podía ubicarse en más de quince acervos; situación que obstaculizaba su manejo y traslado hacia las mesas de consulta del AGN. Además aquellas cajas, identificadas sólo por un número y unas fechas extremas en muchas ocasiones erradas, contenían expedientes e impresos de diversa índole, y se hallaban “sin orden, ni concierto”, como suele decirse coloquialmente.

Cuando exploramos por primera vez el archivo, al inicio de 2002, cientos de cajas de diversas dimensiones, acumuladas con displicencia en los 23 acervos de la planta baja de la Galería II, resguardaban distintos expedientes —a veces de 300 a 700 fojas—, que contenían documentos originales o copias de diversas calidades, unidos en carpetas mediante broches metálicos o simplemente agrupados en folders sin foliación u ordenamiento. Víctimas del deterioro, la humedad e incluso los efectos de hongos y bacterias, gran parte de los expedientes no contaban con ningún referente sobre su contenido o rastros del cuadro clasificador con el que seguramente había funcionado el archivo durante su vida activa en la DGIPS; sólo señalaban en su portada el nombre de una entidad, una asociación, una institución o incluso un individuo, acompañado a veces por un año, marcados con crayón. En otros casos se encontraban colecciones de boletines o publicaciones periódicas y copias fotostáticas engargoladas como, por ejemplo, las que dan cuenta del actuar cotidiano de los candidatos oficiales durante sus campañas, sin mostrar ninguna clasificación.

Por otro lado, ya hemos dicho que el acervo ubicado en la Galería II no incluía sólo la documentación producida por la dependencia de investigación o inteligencia política que funcionó bajo distintas denominaciones entre 1920 y 1985 —que en 1948 tomó el nombre de DGIPS—, sino también cierta parte del archivo de la DFS —que inició sus funciones como una dependencia de la presidencia en 1947—, la oficina de la Secretaria Particular y el Departamento de Asuntos Jurídicos de la misma secretaría. Estos últimos materiales pueden ubicarse en la Galería II, en la sección DGIPS a partir de la caja 2 323, y hasta el momento sólo cuentan con algunos elementos de identificación y búsqueda a través de la Guía general del AGN, aunque existen diversas lagunas. Evidentemente, las más de 500 cajas que contenían los expedientes originados por la DFS entre 1966 y 1975, cobraron mayor interés para algunos periodistas, investigadores o juristas y, como tal, en distintos momentos se emprendieron algunos esfuerzos por identificar, clasificar y conocer su contenido. (16)

El panorama para quienes deseaban consultar los archivos de la DGIPS y DFS en la Galería II, resultaba mucho más complejo por la importancia política y jurídica de los documentos, a pesar de que su consulta no se encontraba restringida y en su caso se aplicaban las normas generales establecidas por el AGN para los fondos históricos bajo su resguardo. A pesar de la presión que ejercieron investigadores, periodistas, políticos o fiscales que en ese momento, o con anterioridad, habían consultado algunos expedientes y contaban con referencias sobre ciertos documentos; y a pesar de los rumores, que incluso figuraron en la prensa, sobre la posible pérdida, ocultamiento o comercialización de tan sensibles grupo documental, (17)  las autoridades del AGN decidieron no llevar a cabo ninguna labor de ordenamiento archivístico con base en un principio de procedencia, ni modificaron el número que se le había asignado a cada una de las cajas, a pesar de que se presentaban algunos saltos. Los riesgos efectivamente no eran pocos, en primer lugar porque gran parte de los expedientes o impresos concentrados en dichas cajas no tenían prácticamente ningún tipo de clasificación de origen, y tampoco contaban con foliación. Innumerables fotografías, carteles, tarjetas, telegramas y publicaciones simplemente se encontraban en carpetas de distinta calidad, sin ningún elemento de seguridad. (18)

Fue así que al paso del tiempo los documentos ubicados en la Galería I, a pesar de las restricciones para su consulta —porque en su caso se aplicaban los lineamientos de la Ley de Transparencia…—, (19)  no sólo contaban con mejores elementos de identificación archivística original, sino que incluso fueron digitalizados; mientras que los que se encontraban en la Galería II, a pesar de que habían llegado desde inicios de años ochenta, en 2002 se hallaban en franca desventaja, debido a los escasos recursos humanos y materiales con los que había contado el AGN. No obstante, paulatinamente se ha logrado identificar una parte del grupo documental, gracias al esfuerzo de distintos investigadores e instituciones que coadyuvaron con el AGN y que han dado a conocer instrumentos de consulta general o particular, dependiendo de sus propios intereses de investigación, sus recursos, calendarios y, claro está, disposición para involucrarse en un proyecto de difícil conclusión y escaso reconocimiento. (20)

Por nuestra parte, los investigadores de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y del entonces Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), (21)  interesados en la investigación, pero también en la protección y conservación del patrimonio histórico y cultural de tan valioso grupo documental, y con la intención de cooperar con los trabajos que emprende el AGN, decidimos participar en la realización de una guía general de la sección DGIPS, dividida en varias entregas. (22)  Como primer resultado, realizamos una guía que pretendió cubrir todos los expedientes formados por la dependencia entre 1920 y 1952. Dicha herramienta, publicada en un disco compacto en 2006 y difundida en línea en Internet en 2007, (23)  ofrece datos relevantes sobre el contenido de más de 18 mil expedientes. La decisión de realizar dicha guía se debió en gran medida a un hallazgo realizado en el mismo archivo: un primer cuadro clasificador que se empleó en los años treinta y que sentó las bases para reconstruir, corroborando las portadas de los expedientes del periodo señalado, un cuadro clasificador completo. (24)

Con este esfuerzo, si bien logramos clasificar 550 cajas del acervo de DGIPS, muchas de las cuáles, como señalamos, se encontraban al inicio de la sección, el reto en adelante era un esfuerzo difícil de concluir. En primer lugar, porque —como mencionamos— la mayor parte de las unidades de resguardo que no habían sido identificadas ni clasificadas, depositadas en la Galería II entre los números 1039 y 3050, eran en realidad cajas de archivo muerto: no contaban con elementos claros de identificación archivística, las carpetas de resguardo tenían distintos tamaños y características, además de que prácticamente ninguna había sido foliada. Además su ubicación dentro de los 23 acervos era bastante arbitraria. Por ello —y debido a que en 2004 se sumó al esfuerzo de colaborar con el AGN un grupo de investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), coordinado por el doctor Condés Lara—, por nuestra parte y la del INEHRM, en ese entonces bajo la coordinación de la doctora Begoña Hernández y Lazo, decidimos avanzar hasta la caja 1 038, a fin de que el equipo de Puebla iniciara sus trabajos en adelante, cuando nos dimos cuenta de que existían algunas cajas que contenían expedientes que mostraban cierta homogeneidad. (25)

Sin embargo, después de una primera inspección las cajas que seleccionamos junto con los colegas INEHRM resultaban en gran medida una verdadera miscelánea, puesto que existían pocos grupos documentales similares. En nuestro caso, tuvimos la suerte de encargarnos de un conjunto de cajas —del número 489 al 733— que contenían más de 800 gruesos expedientes relativamente homogéneos producidos entre 1966 y 1973 por la DGIPS. Sin embargo, hay que decir que en ese momento sus portadas indicaban sólo el nombre de una entidad de la República sin ninguna clasificación; desde que iniciamos aquella labor sabíamos que dichos expedientes seguramente debieron de haber contado con un número o una clave alfanumérica, asignada de acuerdo con un cuadro clasificador que los encargados del archivo de la DGIPS empleaban durante su vida activa. Por otro lado, aunque los encargados del AGN inicialmente habían intentado organizar dichas cajas en cierto orden alfabético y cronológico, dudamos que efectivamente todos los expedientes que contaran con el mismo tipo de características estuvieran ubicados en el mismo sitio, como ya lo habíamos detectado en el caso de los expedientes que correspondían al periodo que va de 1920 a 1952. Aspecto que, después de algunas pesquisas y sobre todo gracias a la realización de un inventario, logramos corroborar.

Así, esas 244 cajas que el azar llevó a nuestras manos, y que catalogamos entre los años 2005 y 2006, son la base de esta Guía del Fondo de la Secretaría de Gobernación. Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Estudios estatales, 1966-1973. Ahora bien, si las fichas darán cuenta del contenido de 858 expedientes ubicados en los primeros acervos de la Galería II (cajas 489 a 733), las que corresponden a cada entidad federativa se complementan con los datos básicos de distintos expedientes que sobre el mismo tenor ubicamos en múltiples cajas de la sección DGIPS, que habían sido depositados desde su origen en otros acervos. Dichos expedientes, con su número correspondiente de caja, así como su fecha de inicio y término, figuran en cada ficha catalográfica de la base de datos, bajo el rubro: “Vínculos”, y se lograron identificar gracias a que llevamos a cabo un inventario general, que pretendió apreciar el conjunto del contenido y las características de los expedientes que se ubicaban en cajas 1039 a 2150. (26)  Hasta el momento este instrumento permanece inédito, aunque se entregó para su consulta pública en el AGN desde 2007. (27)

De ese modo, quien consulte esta guía sobre los estudios estatales y nacionales del periodo 1966-1973, encontrará una primera llave para acceder a un conjunto de expedientes dispersos en innumerables cajas la sección DGIPS, pero que seguramente serán de utilidad para quienes se interesen por la historia regional o nacional de aquellos años, así como por sus vínculos con el exterior. En los siguientes apartados trataremos de esbozar el contenido de este esfuerzo y su importancia para la investigación histórica. Ello sin descartar que seguramente el investigador que emplee esta herramienta pueda encontrar algunas otras cajas vinculadas a su interés particular, que se mezclaron con otros materiales o quedaron depositadas en las cajas que no logramos inventariar. Situación inevitable en tanto la Sección DGIPS siga sin contar con un guía completa a pesar de los esfuerzos y los años transcurridos desde su llegada y apertura a la consulta pública. (28)

2. Características de los estudios estatales realizados por la DGIPS

Debido a la experiencia acumulada en la revisión de los expedientes formados por la DGIPS y las oficinas que la antecedieron desde 1920 —así como a los muestreos y revisiones efectuados sobre el cúmulo de materiales correspondientes al periodo que va de 1948 a 1985—, logramos distinguir que una de las labores más consistentes que tuvo a su cargo el personal de aquella temida dependencia fue documentar, con notas de prensa y reportes elaborados por sus agentes comisionados, gruesos expedientes que en cierta medida pretendían sintetizar la forma de actuar de diversos sectores de la sociedad mexicana en cada uno de los estados de la república y, claro está, en un periodo de fuerte centralismo, también en el Distrito Federal.

En un primer momento distinguimos que dichos expedientes incluían esencialmente trascripciones textuales de diversas notas de prensa local y nacional, que eventualmente se mezclaban con algunos informes periódicos realizados en distintas localidades, sobre una amplia gama de temas que resultaban de interés para documentar los principales movimientos políticos y sociales que se observaban en cada región del país. Documentos de una o dos fojas, archivados consecutivamente en grandes carpetas bajo un criterio cronológico. Cada documento contaba con un encabezado sangrado a la derecha, que sintetizaba el asunto referido en cada transcripción. Ello mostró un cambio significativo en el tipo de expedientes que generó la DGIPS desde mediados de los años sesenta del siglo XX, en comparación con la forma en que se habían integrado los expedientes relativos a cada entidad federativa con anterioridad.

Vale mencionar que los expedientes producidos en las décadas de los años treinta y cuarenta del siglo XX —revisados y consignados en la guía del periodo 1920-1952, y que parecían ofrecer un panorama general sobre los principales acontecimientos que se suscitaban en cada entidad del país— eran relativamente breves, se acompañaban de recortes periodísticos, telegramas o fotografías y, en innumerables ocasiones, indicaban el número o el nombre de los agentes comisionados. (29)  Sin embargo, los expedientes que contenían panoramas estatales encontrados en otros acervos, y correspondientes al período que va de mediados de los años sesenta hasta cuando menos 1985, adquirieron grandes dimensiones: comprenden entre 300 y 700 fojas. Los documentos, contenidos originalmente en carpetas con broches metálicos sin foliación, fueron elaborados en máquinas de escribir con el mismo formato y letra, en papel cebolla blanco, rosa y azul y, en general, no contaban con ninguna firma o referente sobre el personal que los había producido, y en escasísimos casos contenían documentos anexos.

Gran parte de los expedientes producidos por el personal de la DGIPS a partir de los años sesenta, tal y como se encontraban en el AGN en 2002, estaban almacenados en carpetas de pasta dura, reunidos con broches metálicos o simplemente entre dos folders de cartulina, y señalan el nombre de una entidad de la república con plumón o alguna etiqueta, sin un número de clasificación. Sin embargo, es posible suponer que, como paso previo a su entrega a un archivo de concentración, los archivistas de la DGIPS eliminaran las portadas originales o etiquetas, que tal vez contaban con alguna clasificación. De cualquier modo, a pesar de la posible censura, es posible afirmar que esos expedientes se reunieron en forma sistemática mediante la actividad de un amplio equipo de analistas, agentes y un más extenso equipo secretarial que se encargó de llevar a cabo la búsqueda, selección y trascripción de innumerables notas de prensa, así como de los informes que enviaba el personal comisionado, para poder mantener prácticamente el mismo formato en la documentación por largos años. Dichos expedientes, por sus funciones definidas por el Diario Oficial de esos años, parecían reflejar la forma en que aquella dependencia cumplía con uno de sus objetivos primordiales, conferido por el titular de la SEGOB, que era “realizar investigaciones y análisis sobre los problemas de índole política y social del país”. (31)

Los cambios evidentes en la forma en que se elaboraron los expedientes muestran que la DGIPS tendió a profesionalizar el tipo de informes que producía, incluso manteniendo la secrecía sobre el personal encargado de llevarlos a cabo —en contraste con los documentos que conserva el archivo del periodo 1925-1952—. Sin embargo, dichos documentos son difíciles de datar; por ejemplo, en la sección DGIPS se encuentra una laguna documental que prácticamente cubre las administraciones de Adolfo Ruiz Cortínez y Adolfo López Mateos. (32)  Además, a pesar de nuestra permanente búsqueda, nunca logramos localizar un cuadro clasificador de la DGIPS para el periodo 1954-1985. Los documentos que se entregaron al AGN sobre el grupo documental, y que pudimos consultar en el archivo, fechados en 1985, son por demás escuetos y sólo señalan a grandes rubros el contenido de los materiales. (33)  Aunque dos cuadros clasificadores que empleó la DFS nos dieron algunas pistas. (34)

En dichos cuadros clasificadores, se señala que en el archivo de la DFS existían dos catálogos, uno que se empleó entre 1953 y julio de 1979, y otro que se utilizó en adelante. (35)  En lo que corresponde al primero, que seguramente tuvo gran correspondencia con el que debió emplear la DGIPS en el periodo que nos ocupa en esta guía (1966-1973), con el numeral 100, y un número consecutivo del 1 al 31, seguido de un número uno, figuraba el nombre de cada estado de la república en orden alfabético, aunque el 31 correspondía a Baja California Sur, (36)  que fue el último territorio que se convirtió en estado en 1974. El numeral 100 también incluía un número 32, para los expedientes que ofrecieran “panoramas estatales”. Dichos documentos clasificados con el número 100 luego reunían la información por varias temáticas, con base en otros números:

100-1. Informe de los estados en general

100-2. Compra de parque y armas sin autorización.

100-3. Comunismo.

100-4. Clero, Caballeros de Colón y sinarquismo.

100-5. Juegos prohibidos.

100-6. Bancos de los estados.

100-7. Narcóticos.

100-8. Actividades subversivas.

100-9. Sindicatos de los estados.

100-10. Peticiones a la presidencia.

100-11. Petroleros.

100-12. Investigaciones en los estados.

100-13. Sabotaje en los estados.

100-14. Aftosa en los estados.

100-15. Anticomunismo.

100-16. Partidos políticos.

100-17. Tráfico de madera.

100-18. Futurismo político.

100-19. Contrabando de armas.

100-20. Latifundios.

100-21. Compañías e industrias.

100-22. Contrabando en general y aduanas.

100-23. Caravanas.

100-24. Estudiantes.

100-25. Investigaciones.

100-26. Fraudes terrenos.

100-27. Colonias agrícolas.

100-28. Cárceles.

100-29. Policía. (37)

 

De tal forma, aunque con algunas variables temáticas que obedecen a la dinámica propia de cada entidad de la república, el cuadro clasificador luego indicaba el numeral 100, seguido de otro número asignado al estado y luego el que debía corresponder al asunto estudiado o investigado. (38)  Por sus características, en contraste con los documentos que sólo refieren a una entidad federativa de la sección DGIPS, creemos que el criterio con el que se elaboraron los expedientes que dan cuenta del devenir de los estados fue muy similar al que empleó la DFS. Una vez que analizamos los expedientes clasificados entre 1966 y 1974, así como su contenido específico, a pesar de las variantes coyunturales o regionales, encontramos que los aspectos estudiados o investigados por la DGISP eran prácticamente los mismos que contenía el cuadro clasificador de la DFS. Incluso hasta se podría manejar como hipótesis que en muchos casos se trata de copias de un mismo expediente, que ambas dependencias, adscritas a la SEGOB, manejaban indistintamente como una acción de colaboración mutua. (39)

Lo significativo del caso es que este tipo expediente, en donde se combina información documental con algunos informes diferenciados por cada entidad de la república, fue el más recurrente en la sección DIPS a partir de 1958. Y, debido a que en el caso de los legajos que corresponden a una temática común —podría ser un partido político, un sindicato o una dependencia estatal o federal— se procedió de manera similar, algunos usuarios del fondo se desalientan al revisarlos, pero como historiadores creemos que dichos estudios también tuvieron gran importancia. Tal es el caso, que el mismo Sergio Aguayo, al valorarlos, refiere: “Los informes de la IPS son totalmente diversos de los de la DFS; no hay síntesis del director, sólo se cuenta con los reportes en bruto que enviaban los agentes desde todo el país. Son como las cápsulas informativas de las agencias noticiosas que llegan a las salas de redacción de forma constate (a veces con diferencias de minutos)”. (40)

Sin embargo, aunque se podría suponer que los “reportes en bruto” fueron reunidos sin plan previo, descubrimos —debido a la revisión que hicimos de un gran cúmulo de expedientes, y gracias a ciertos hallazgos documentales— que en su conformación en realidad se seguía un plan y un método bastante consistente de trabajo. Según nuestras indagatorias y valoraciones de la documentación, el objetivo central de estos “Estudios Estatales” sobre los grupos y fuerzas políticas en las entidades federales —según consta en un documento que ubicamos en la misma DGIPS, elaborado al finalizar la década de los años ochenta—, era:

Proporcionar los elementos de juicio suficientes para que se evalúe la situación política de cada entidad federativa y puedan preverse o resolverse los problemas sociales, económicos y políticos o bien designarse a los funcionarios (o candidatos, en los casos de puestos de elección) para su mejor solución. (41)

 

Entre los grupos y sectores de estudio que debía documentar el personal de la DGIPS, se encontraban varios actores de la vida política nacional: gobernadores y ex gobernadores; diputados federales y senadores; diputados locales, miembros de los poderes judiciales en los niveles federal y local, así como funcionarios federales “con influencia en su entidad de origen”. En cuanto al procedimiento para llevar a cabo dichos análisis, se indicó que en el caso de los gobernadores, diputados y senadores federales, o miembros del poder judicial y local, el agente comisionado debía llevar a cabo una investigación documental y emprender un análisis directo en la localidad, cuya elaboración estaría a cargo de analistas ubicados en el Distrito Federal y de investigadores foráneos. Para el caso de los funcionarios locales, fueran diputados, miembros del poder judicial o empleados diversos, el instructivo señalaba que el personal de la DGIPS emprendería “análisis directos”, que debían ser elaborados por investigadores foráneos, cuyo estudio se realizaría en la misma localidad. (42)  Ello indicaba que la DGIPS no sólo contaba con personal adscrito a su dependencia en el Distrito Federal, sino también en cada una de las entidades de la república. En todos los casos el destinatario de los trabajos realizados debía ser el “Fichero Biográfico de Políticos Mexicanos” y el archivo de la misma DGIPS. Dicho fichero biográfico seguramente dio como consecuencia que, al paso del tiempo, la dependencia contribuyera a conformar los ficheros que atesoró por años la DFS, y que como hemos mencionado fueron entregados al AGN por el CISEN en 2002.  

En un segundo nivel, el personal de la DGIPS tuvo a su cargo el estudio de los sectores sociales que consideró más relevantes de cada entidad: se trataba de dirigentes empresariales, sindicales, campesinos y líderes de la “opinión pública”, entre los que se encontraban periodistas e intelectuales. (43)  Tales estudios, según señalaban las instrucciones, nuevamente se realizarían mediante el concurso de investigadores foráneos, que debían realizar un “análisis directo” en cada localidad. La información serviría igualmente para el fichero biográfico y para la DGIPS.

En un tercer ámbito, los estudios estatales que se emprendían debieron reunir información destacada sobre los principales partidos políticos que tenían influencia en cada zona. En primer lugar, indudablemente había que investigar al “PRI estatal”; (44)  y en un segundo momento a “los partidos nacionales de oposición”; así como a los partidos políticos de influencia local. En los tres casos, los estudios sobre los partidos políticos debían ser realizados por los analistas adscritos a la DGIPS, ubicados en el Distrito Federal, y por investigadores foráneos, que debían emprender sus investigaciones mediante la consulta de documentos y mediante sus propias observaciones en los lugares en donde se llevaban a cabo los sucesos de su interés. El destinatario de estos estudios, al igual que en los dos casos anteriores, sería el reiterado fichero y el archivo de la DGIPS.

Según refiere el detallado cuadro que localizamos, en un cuarto rubro, denominado “Geopolítica del estado”, el personal debería estudiar las principales características de las regiones geográficas, económicas e incluso étnicas y culturales. También debería mostrar especial atención por las “zonas geo-políticas o étnicas” que compartían dos o más estados.  Y, por último, debía documentar la “Geopolítica del estado”, tomando especial interés en los caciques y/o “factores reales de poder”. En los primeros cuatro casos, los analistas del centro debían encargarse de recopilar la información necesaria en el mismo centro de documentación, y sus resultados estarían dirigidos nuevamente al fichero y a la DGIPS. Sin embargo, en lo que respecta a los “caciques” y personalidades que podían considerarse “factores reales de poder”, los estudios debían ser realizados por investigadores foráneos, mediante un método de investigación directa en cada localidad, cuyos resultados llaman la atención, puesto que el primer destinatario de la información en dichos casos debían ser las “autoridades superiores de la Secretaría de Gobernación”, y luego los archivos de la DGIPS y el centro de documentación. (45)

Por último, en un quinto rubro se encontraba lo que llamaban “Documentación fundamental” de cada entidad y el país en conjunto, que se subdividía en dos secciones: 1. Monografías y estudios diversos de carácter económico, histórico, social y político; y 2. Documentación bibliohemerográfica general, y un acopio de las leyes “fundamentales del estado”, entre las que se encontraba la Constitución o las leyes electorales, entre otras. Para la elaboración de estos “documentos fundamentales”, los analistas del centro debieron documentar sus estudios en las mismas instalaciones del centro de documentación en el Distrito Federal, y sus resultados simplemente debían entregarlos a la biblioteca, el archivo y el centro de documentación. (46)  Dicho acopio de materiales impresos seguramente explica las razones por las cuales en el archivo de la DGIPS, ubicado en la Galería II del AGN, pueden ubicarse muchas cajas que contienen estos libros y colecciones de publicaciones periódicas.

Aunque el diagrama arriba reseñado nos dio muchas luces sobre la forma en que se elaboraron los “estudios estatales”, otro documento, que muy probablemente se elaboró en 1980, incorporó algunas reformas al modo en que deberían llevarse a cabo dichos estudios estatales, y se denomina “Esquema general para el estudio de los problemas políticos fundamentales en algunas entidades federales”. Según indicaba una nota al pie del documento elaborado por los responsables de la DGIPS de aquel entonces, dichos estudios se aplicarían inicialmente en los estados de Chiapas, Hidalgo, Morelos y Oaxaca.

            El personal de la DGIPS debería reunir.

  1. Datos monográficos generales.
  2. Identificación de los principales problemas económicos y sociales.
  3. Principales conflictos políticos en la entidad en los últimos tres años, según su origen y naturaleza:
  4. Conflictos agrarios
  5. Conflictos laborales
  6. Conflictos universitarios
  7. Conflictos empresariales
  8. Conflictos políticos (entre las autoridades locales y las federales; entre el gobernador y las autoridades municipales).
  9. Características de la Reforma Política en el Estado:
  10. Diferencias y similitudes entre las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado, así como entre la LFOPPE y la ley electoral local.
  11. Partidos y asociaciones políticas en la entidad (partidos registrados y sin registro; asociaciones políticas nacionales que actúan en la entidad; asociaciones políticas locales; grupos de presión y grupos de interés).
  12. Resultados de las elecciones federales de julio de 1979 en el estado y ubicación de sus principales tendencias en comparación con las tendencias que se observaron en el país.
  13. Tendencias electorales en los comicios locales anteriores a la Reforma Política.
  14. Tendencias electorales en las elecciones locales posteriores a la Reforma Política (si aún no ha habido elecciones en el marco de la nueva Ley Electoral, señalar tendencias previsibles a la luz de los factores y elementos señalados). (47)
  • Identificación de los principales grupos de poder económico y político.

 

Gracias a la consulta de estos documentos en gran medida corroboramos que los estudios estatales que figuran en esta guía del periodo 1966-1973 tuvieron una lógica. Como bien señala Sergio Aguayo, debido a que los investigadores y analistas de la DGIPS suponían que “todo el mundo era sospechoso”, los datos reunidos cobran especial importancia, no sólo para quienes se interesen en el movimiento estudiantil de 1968, la guerra sucia y la guerrilla, o la actividad de algún personaje opositor al régimen, (48)  sino sobre un cúmulo de temáticas y actores sobre el devenir regional que seguramente podrían ser un importante sustento para investigaciones futuras del periodo en cuestión.

La acumulación de reportes de prensa realizados por los agentes mediante sus visitas a los estados, y aun seguramente la que emprendieron los analistas del centro, es una de las principales riquezas de los expedientes que destacaremos en la presente guía, pero también de los similares que pueden localizarse en el fondo DGIPS. Puesto que cada expediente incluye trascripciones completas de noticias que aparecieron en periódicos locales, de difícil acceso para los investigadores que residen en un estado distinto al que podrían estudiar, o que no cuentan con hemerotecas estatales que permitan estudiar el periodo en la fuente original. Por otro lado, los expedientes incluyen trascripciones de noticias que circularon en diarios que han cerrado sus puertas, y cuya localización en hemerotecas nacionales o locales sería mucho más azarosa. 

Claro está, junto con los expedientes que sobre cada entidad de la república acumuló la DGIPS en la segunda mitad del siglo XX, naturalmente también estuvieron los que se emprendían en el Distrito Federal, que indudablemente fue la entidad geográfica- administrativa más investigada y documentada por la policía política en México durante aquellos años. (49)  No obstante varios de los expedientes, que en su caso figuran en esta guía, no cubren necesariamente el esquema señalado, sino que seguramente corresponden a un tercer nivel de análisis. (50)  Puesto que en muchos casos las trescientas o quinientas fojas de los informes, producto de la investigación que llevaban a cabo el centro de documentación de la DGIPS y sus agentes comisionados, dan cuenta pormenorizada sólo de una institución o un movimiento político o social relevante (entre ellos, naturalmente, el movimiento estudiantil de 1968, sus actores y efectos a largo plazo fueron el protagonista principal de miles de transcripciones periodísticas e indagatorias diversas), aunque junto con ellos, el siguiente expediente simplemente podría corresponder a una tediosa transcripción de las sesiones de la cámara de diputados o senadores en un periodo legislativo particular.

El azar de la ubicación de las cajas en archivo de DGIPS, también nos permitió observar que, aunque clasificados en el mismo estado, algunos expedientes efectivamente no correspondían al tipo de informes panorámicos que hemos reseñado, puesto que en diversos casos su volumen y especificidad muestran que se trataba de expedientes que contenían investigaciones de un tercer nivel. Es, por ejemplo, la diferencia que un usuario podrá observar entre los expedientes clasificados en el estado de Chihuahua en 1966, puesto que dos de ellos corresponden al esquema clásico de los estudios estatales que realizaba la DGIPS y otro parece centrarse esencialmente en las consecuencias del penoso asesinato de aquellos maestros, estudiantes y campesinos que pretendieron el asalto del Cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965.

De ese modo, los expedientes que clasificamos y describimos someramente en esta guía del periodo 1966-1973, así como los que corresponden a otras temporalidades o temáticas, son para los historiadores una fuente privilegiada para la historia contemporánea de México, a pesar de su escaso análisis o de estar cargados de rumores y delaciones que tal vez nunca fueron corroboradas, analizadas o procesadas por la DGIPS; sin la eficiencia que una agencia de “inteligencia” moderna debió haber tenido. (52)  Además de conocer por medio de estos documentos la operación política del Estado mexicano en ciertas coyunturas históricas, así como los aspectos de la vida nacional que investigaba aquella cautelosa y temida dependencia, el investigador que ocupe las sillas de la Galería II, en donde puede consultar el archivo de la DGIPS, y revise aquellos expedientes que concentran información diversa sobre múltiples aspectos de la vida nacional, seguramente se ahorrará un gran trabajo gracias al acopio de datos que aquella dependencia hizo en el pasado. Naturalmente el historiador, de acuerdo a sus propios intereses y herramientas metodológicas, será el encargado de dotar de sentido, significado e interpretación esos papeles, cuyas temáticas principales para el periodo que nos ocupa señalaremos a continuación.

3. Los asuntos investigados

Para ubicar el carácter de la información que generó la DGIPS durante el periodo 1966-1973, vale recordar que durante estos años en México se sucedieron las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría (1970-1976). Ambos mandatarios, pertenecientes al PRI, sostuvieron un discurso político que se ufanaba de promover la cultura democrática en el país, aunque en los hechos, a pesar de la reforma electoral realizada desde tiempos de López Mateos, los partidos de oposición como Acción Nacional (PAN), Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Popular Socialista (PPS), sólo tuvieron una modesta representación en el Congreso. Asimismo, se hizo hincapié en la existencia de plenas libertades y respeto a los derechos humanos. Fue precisamente Luis Echeverría quien matizó estas ideas durante su campaña presidencial, proponiendo abrir canales de comunicación con los sectores sociales resentidos por lo ocurrido con el movimiento estudiantil de 1968, e igualmente empezó a hablar de autocrítica, apertura política y el valor de la praxis, lo que provocó la incorporación de personas y grupos considerados de oposición.  (53)

En estos años el sistema político mexicano todavía era considerado un éxito, pues había logrado mantener un crecimiento económico estable, en un marco que combinaba formas democráticas y prácticas autoritarias.

Aunque la constitución vigente establecía un régimen democrático, pluralista y representativo, estas definiciones no iban acorde con la realidad dominada por la centralización del poder y el corporativismo. Según Soledad Loaeza

 

El régimen mexicano se ajustaba al modelo autoritario de pluralismo limitado y no participativo. Eso se mantuvo debido a que este régimen tenía orígenes revolucionarios que le permitían reclamar una democracia que se sustentaba en la representatividad popular del Estado, antes que en las elecciones libres. (55)

 

Por ello la renovación de poderes estatales y locales siempre transcurrió con bastante normalidad, pues la participación dentro de los procesos electorales era un refrendo de acuerdos ya dados entre los grupos de poder afianzados al PRI. Estos triunfos se adjudicaron a la alianza histórica entre líderes de clase media, grupos de campesinos y obreros que habían formado parte del movimiento revolucionario de 1910. Esta unión posteriormente se convirtió en la piedra angular del autoritarismo del Estado, que retomó los intereses populares como justificación para la construcción de una estructura centralizada, como condición necesaria para lograr la modernización económica y la democracia. Los pilares de este sistema estuvieron en las corporaciones estatales de diferentes tipos que organizaban fundamentalmente a obreros y campesinos. (56)

Para conservar esta hegemonía, el gobierno mexicano tuvo la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre la actividad de los gobernantes estatales y municipales, así como de los representantes de las cámaras en los niveles federal y local, y los funcionarios de las distintas secretarías de Estado, las cuales se sintetizan en esta guía bajo el rubro “Gobierno”. (57)  Cabe señalar que una de las funciones de la DGIPS fue la de recabar información sobre las diversas situaciones de carácter político que se producían en el país, así como de proveer o adelantarse a todas las que pudieran tornarse conflictivas o que representaran algún peligro para la estabilidad interna. (58)   Lo anterior con el propósito de que la maquinaria estatal conservara un equilibrio entre todos sus elementos; lo cual quedó asentado en los múltiples reportes de la Dirección, como puede corroborarse mediante la consulta de las síntesis de los informes de gobierno y del presidente: listas de funcionarios que asistían a dichos actos o a la toma de posesión de representantes federales, estatales o municipales. También se reportaron las giras del presidente por el país y las de los gobernadores por sus estados. Por ejemplo, en 1966 se registró el tercer informe del gobernador del Estado de México, Juan Fernández Albarrán, y de Julián Gastón, representante del estado de Nayarit. (59)  También se siguió cuidadosamente la gira que realizó por Durango el gobernador Alejandro Páez Urquidi. (60)  En ese mismo año se reportó el segundo informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y su visita por el estado de Puebla. (61)  En el nivel municipal, se registró el plebiscito realizado en San Miguel Canoa para elegir nuevas autoridades auxiliares del municipio. (62)  Desde luego, esto no significó que no existieran voces ciudadanas en desacuerdo con el sistema de gobierno; sin embargo muchas veces las disidencias y protestas de grupos políticos y de ciudadanos fueron controladas con eficacia, como sucedió en 1966, cuando se informó sobre la huelga planteada por los ciudadanos en Sinaloa en contra del gobierno del estado. (63)

Como parte de esta concentración de poder, el PRI tuvo la capacidad de convertirse en una “agencia electoral”, como señaló Carlos Monsiváis, (64)  en la cual cada proceso fue negociado entre los círculos de mayor influencia en los estados y la capital de la república. Lo anterior se observa en los diferentes reportes de la DGIPS que muestran un panorama general sobre las actividades e interferencia de los grupos priístas en los diferentes procesos electorales a lo largo del territorio mexicano. (65)  Pero sin lugar a dudas, también se denota la presencia y la fuerza que tuvieron los partidos de oposición en determinadas entidades. Ejemplo de lo anterior eran las investigaciones referentes a los antecedentes políticos de los aspirantes a ocupar las presidencias municipales o la gubernatura de cada estado, como fue el informe que en 1966 se integró sobre la formación política y las actividades de los candidatos del PRI, PAN y PARM a la presidencia municipal en Coahuila. (66)

Además existen reportes que hacen recuentos pormenorizados de los días en que se llevaron a cabo elecciones municipales, estatales o federales, en donde el papel de la oposición fue considerada prioridad en las investigaciones. Ése es el caso del proceso electoral del municipio de Catazajá, Chiapas, en 1970. (67)  Asímismo, existen reportes sobre las opiniones que vertían los diversos partidos políticos después de esos eventos.

Otro de los aspectos importantes que recoge la DGIPS durante estos años es el registro de las organizaciones progobiernistas de trabajadores del campo y la ciudad, debido a que sus actividades resultaban de vital importancia para hacer caminar con éxito la política estatal. Así, se vigilaba a distintos sindicatos del Estado, como el de los trabajadores del ISSSTE e IMSS. Además estuvieron registradas confederaciones de trabajadores del campo y la ciudad como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). (68)  En las múltiples averiguaciones se registran asambleas, nombramientos de comités directivos, conflictos, denuncias y pliegos petitorios. Las diferentes temáticas expuestas hasta aquí se pueden encontrar en los rubros: “Gobierno” y “Asuntos políticos”.

Un tema relevante en los informes estatales fue el papel del gobierno mexicano frente al extranjero. (69)  La política extrerior mexicana estuvo sustentada desde principios del siglo XX por la Doctrina Estrada,  (70)  la cual postulaba el respeto a las decisiones internas de cada país. También se rigió por la protección y aceptación de los persguidos políticos de diferentes latitudes del mundo. (71)  Pero como en cualquier nación, el Estado mantuvo una constante vigilancia y control de estos exiliados que llegaron a territorio nacional, pues sus actividades podían poner en riesgo la seguridad interna o la relación con otros países. Es por eso que se encuentran numerosos informes que evidencían  la llegada y actividades de integrantes de las guerrillas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua desde finales de los años sesenta. (72)

Otro referente de las relaciones exteriores de México fueron las firmas de algunos acuerdos culturales que se hicieron con gobiernos como el de Cuba, Nicaragua y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que lograron nutrir de nuevas visiones a diferentes grupos de estudiantes e intelectuales. (73)  Además, se registraron convenios comerciales con otras naciones, como los analizados en la Cámara de Diputados en 1967 con Venezuela, Nicaragua, Italia, Honduras, Francia y Brasil. (74)  También se reportaron las visitas de los mandatarios de diferentes latitudes del mundo. Por ejemplo, en 1966 los estudios de la DGIPS dieron un fuerte seguimiento a las visitas de los presidentes de Costa Rica y Guatemala, (75)  y en 1971 a la que hiciera Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua. (76)  Todo lo señalado podemos localizarlo en esta guía en los rubros: “Asuntos Internacionales” y “Gobierno”.

Sin embargo, el México de los sesenta y principios de los setenta del siglo pasado no fue armonía y estabilidad como tantas veces se anunció al pueblo mexicano y a la opinión internacional. Aunque en este periodo no se hablaba de la existencia de “la guerrilla”, sobre todo la del estado de Guerrero, ni del autoritarismo, el paternalismo o la censura, la realidad terminó por hacer visible todo esto. (77)

El llamado “milagro mexicano” fue simple publicidad gubernamental para experimentar y difundir el crecimiento económico: “desarrollo económico, orden social y conducta política mesurada: nada debía afectar el orden porque éste era el requisito del crecimiento industrial”. (78)  Sin embargo, para ese entonces el modelo de desarrollo se deterioraba rápidamente, aunque sólo lo resintieron los sectores que años antes habían pedido cambios sociales, políticos y económicos. Durante estas décadas los problemas comenzaban a agudizarse: el crecimiento de la miseria en el campo agudizó el fenómeno de la emigración hacia las grandes ciudades, así como a Estados Unidos. Las contingencias ambientales aquejaron al país con mayor frecuencia, destruyendo las zonas de cultivo y dejando al campo sin agua o con inundaciones, que provocaron la escasez de productos alimenticios. (79)  Por otro lado, la dependencia hacia Estados Unidos y la empresa privada mexicana, acrecentó la injusta distribución de la riqueza. (80)  Los jóvenes reclamaban una nueva forma de vivir en el mundo, pues para ellos el sistema político se estaba agotando; exigieron nuevos espacios de expresión y mayor presupuesto para la educación, entre otras cosas.

Ante la diversidad de problemáticas presentes en esos años, la Secretaría de Gobernación designó a varios agentes e inspectores de la DGIPS para que residieran en diversos estados de la república, a fin de que reportaran periódicamente los acontecimientos que pudieran representar algún “peligro” para la estabilidad del país. Si el caso lo ameritaba, el reporte se transformaba en un seguimiento y una vigilancia permanentes, como fue el caso de algunas organizaciones sindicales en el campo o en las ciudades, movilizaciones estudiantiles y movimientos subversivos, como la guerrilla y eventualmente algunas organizaciones religiosas o civiles.

No obstante, la temática que más destacó en los informes fueron los conflictos estudiantiles. Cabe recordar que el triunfo de la revolución cubana en 1959, la intervención estadounidense a Vietnam, el auge de la guerrilla en Guatemala y Nicaragua, y el posterior ascenso del gobierno de Salvador Allende en Chile en 1970, así como las movilizaciones estudiantiles en diferentes partes del mundo, provocaron que el estudiantado nacional buscara nuevos valores libertarios que coincidían con las corrientes de izquierda que enarbolaban los diferentes movimientos de Latinoamérica y el Caribe. (81)

En 1966 no pocos informes señalaban la afiliación de algunos estudiantes al Partido Comunista de México (PCM), que tuvo como brazo derecho a la Juventud Comunista de México (JCM), conformada por universitarios de diversos centros educativos de la ciudad de México y los estados. En ese mismo año, la JCM formó una delegación para asistir al congreso de estudiantes latinoamericanos en Cuba. La Liga Comunista Espartaco (LCE) también era una opción para unirse a grupos de izquierda, pues en diversas ocasiones, durante ese mismo año, se sumó a mítines de solidaridad con el peblo cubano. (82)  La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), junto con algunas organizaciones de izquierda, en diversos momentos organizó jornadas culturales y académicas que llevaron el nombre “semana pro-Vietnam” o “pro-Cuba”, según fuera el caso. (83)  Infinidad de estos temas se localizan con frecuencia en los informes de los agentes, describiendo el tipo de actividades que desarrollaron, las escuelas donde se mantenían este tipo de organizaciones, así como los nombres de sus principales dirigentes y oradores.

La lucha estudiantil, según consta en los informes, también se dirigió a incidir en las problemáticas de sus propias instituciones, pues muchas de las protestas, huelgas y mítines se presentaban debido a la corrupción y/o despotismo de las autoridades universitarias. Sirven como ejemplos los informes sobre el caso de la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Baja California, que solicitó la renuncia del director del plantel, (84)  o los grupos maoistas de la Escuela de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que protestaron por el nombramiento de su nuevo rector. (85)

Los estudiantes también defendieron sus instituciones, como cuando la juventud del Instituto Politécnico Nacional (IPN) luchó por la conservación de los terrenos que ocupaban sus planteles. (86)  Es recurrente observar en la documentación peticiones del estudiantado demandando mayor presupuesto y mejoramiento de sus escuelas, como lo hicieron los estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al gobernador de Michoacán. (87)  De 1966 a 1968, las protestas estudiantiles se fueron agudizando, provocando que las universidades, normales rurales, preparatorias y algunas secundarias de la mayoría de los estados de la república, se propusieran solventar las carencias de las instituciones públicas. (88)  La respuesta que obtuvieron por parte del gobierno mexicano fue la censura, represión, encarcelamiento y algunos asesinatos de los líderes de los movimientos estudiantiles. Los reportes que hicieron los agentes de la DGIPS sobre las movilizaciones fueron extensos y detallados, sobre todo los de 1968 en el Distrito Federal. (89)  En esas indagaciones se mencionan el nombre de los líderes, el funcionamiento de mítines, asambleas y reuniones, y no pocos enfrentamientos con la policía, así como detenidos y muertos. (90)

Durante la administración de Luis Echeverría, los estudiantes mostraron una posición crítica más severa debido a la embestida de fuerzas paramilitares como el Batallón Olimpia y los Halcones, que respectivamente actuaron para dispersar las movilizaciones de octubre de 1968 y junio de 1971. Ante estos y otros hechos violentos, los estudiantes solicitaban la libertad de los presos políticos y la presentación de muchos estudiantes detenidos, de los cuales no se sabía nada, entre otras tantas cosas.

Como menciona Guillermo Sierra:

Los descontentos sociales respondieron a que las necesidades que el estado debía satisfacer, ya no procuraban totalmente a la población, principalmente a la juvenil, la cual mostraba sus inquietudes en numerosos cuestionamientos con una clara lucha de ideas. No fue una clase social la que cuestionó al sistema, sino una generación, que se encontraba en las aulas universitarias. (91)

 

Para seguir sosteniendo la mítica estabilidad mexicana, el gobierno se dio a la tarea de mantener un férreo control sobre los obreros y trabajadores en general, sin embargo no siempre consiguió sus objetivos. Los trabajadores organizados en sindicatos fueron invadidos por las corrientes de izquierda dominantes en esos años, y por la política de apertura democrática impulsada por Echeverría, misma que los llevó a intentar sacudirse el paternalismo estatal que, se decía, imponía o marcaba una pauta sobre la manera en que debían funcionar estos gremios. Para tal efecto, el gobierno apoyó a personajes que pudieran encabezar los sindicatos que mantuvieran la política oficial. (92)  La respuesta fue que tanto obreros y trabajadores en general iniciaran luchas por la democracia sindical, en la que los mismos trabajadores fueran quienes establecieran sus formas y medios de organización, con mayor autonomía de los empresarios, el Estado y los partidos políticos. (93)

Las indagatorias sobre estas temáticas están ubicadas en “Asuntos laborales y empresariales”, abocados a distintos grupos que se consideraban subversivos o de filiación izquierdista, como los sindicatos magisteriales, ferrocarrileros, electricistas y petroleros. (95)  De esos años se reportó que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) haría reformas a su contrato colectivo de trabajo de 1972-1974 para beneficiar a sus agremiados. Además, se vigilaron las actividades de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, líderes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) a lo largo de las décadas de los años sesenta y setenta. (96)  Sin embargo, los sindicatos tampoco estuvieron exentos de algunos conflictos intergremiales, como el del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y el sindicato terrestre de la misma empresa. (97)

En el acervo documental de la DGIPS también se encuentran informes sobre conflictos entre empresas y trabajadores, como el que se presentó con el Consejo de Coordinación de Santa Julia, que en 1967 reclamó que las liquidaciones y las jornadas laborales de 12 horas de los trabajadores de la embotelladora de refrescos Jarritos no resultaban justas. (98)  Por otra parte, los trabajadores de General Motors en 1971 llegaron a un acuerdo con la empresa para firmar un nuevo contrato colectivo de trabajo. (99)  Asimismo, los trabajadores de la Nissan México en 1972 elaboraron un pliego petitorio para demandar mejoras salariales. (100)

Aunque las organizaciones campesinas fueron un pilar de la organización corporativa del gobierno, eso no evitó que se presentaran organizaciones y grupos de campesinos disidentes. Los conflictos en el campo comenzaron a agudizarse a finales de los sesenta; no obstante, en el sexenio de Luis Echeverría el movimiento campesino tuvo su mayor auge, pues además de la lucha por la tierra, buscaban la democracia política y la organización cooperativista. En los primeros años del gobierno de Echeverría la política agraria buscaba, en apariencia, concluir la fase del reparto agrario y atacar simultáneamente los objetivos de la modernización productiva, así como evitar, en lo posible, la agudización de la protesta campesina.  (101)

Una de las primeras medidas legales decretadas por el gobierno fue la nueva Ley Federal de la Reforma Agraria, promulgada en abril de 1971. Por medio de ella se pretendió atender el problema de la propiedad y el fortalecimiento del ejido, la pequeña propiedad y la propiedad comunal. Esta ley, que sustituyó al Código Agrario de 1942, fue presentada por la élite gobernante como “la segunda etapa de la reforma agraria”. Además, durante la década de los setenta se llevaron a cabo diversos cambios estructurales en las secretarías que se encargaban de los asuntos del campo, y se proclamaron otras reformas jurídicas, como la Ley Federal de Aguas de 1973, que pretendió disminuir el acaparamiento de las tierras de riego. En ese mismo momento el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) tomó nuevas funciones en la Secretaria de la Reforma Agraria, y se fusionaron los bancos que hasta ese momento habían sido importantes en el sector agrario, al conformar el Banco Nacional de Crédito Rural, cuyo antecedente había sido el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE). Con ambas instituciones se intentó estimular el carácter colectivo, privilegiándolas con el crédito oficial: se diseñó el Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina. Sin embargo, estas estrategias no funcionaron, pues ya desde finales de los setenta miles de campesinos se habían lanzado a tomar las tierras que se les habían prometido tiempo atrás; acciones que fueron una constante durante el sexenio de Luis Echeverría. (102)

Ejemplo de lo anterior, fue cuando en 1966 campesinos pertenecientes a la Central Campesina Independiente (CCI) así como a la Unión General de Campesinos y Obreros de México (UGOCM), invadieron tierras de los poblados de Ocotepec y Cuyoaco en el estado de Puebla. (103)  Cabe mencionar que estas acciones también crearon una confrontación entre organizaciones campesinas oficialistas e las independientes; así sucedió en 1970, cuando en el poblado de Panzingo, Puebla, un grupo de campesinos de la CCI y de la Confederación Nacional Campesina (CNC) se enfrentaron con armas de fuego. (104)  Aunque estos conflictos fueron recurrentes, esto no impidió que en algunas regiones se llevaran a cabo concesiones y negociaciones con el gobierno, como sucedió en Quintana Roo en 1970, cuando el gobernador y el jefe del DAAC presidieron un acto agrario donde se entregaron resoluciones que amparaban las propiedades de campesinos. (105)  También en 1971, algunos gremios de Puebla solicitaron a las autoridades respectivas su ayuda para realizar litigios sobre sus tierras. (106)

Como se mencionó líneas arriba, en los años sesenta del siglo XX los conflictos y asuntos agrarios —que ocupan un apartado temático en la guía que presentamos— fueron una constante. Además, el desacuerdo de maestros y estudiantes de las universidades estatales y normales rurales con las políticas impuestas por sus gobernantes fueron creciendo a lo largo de la década, lo que provocó la radicalización de algunos de ellos y la conformación de guerrillas rurales en ciertas entidades. En el caso de la formación de las llamadas “guerrillas urbanas”, que surgieron como respuesta al complejo contexto nacional y/o a la represión estatal que debieron enfrentar los movimientos ferrocarrilero (1958), magisterial (1960) y médico (1965), se sumó la represión y muerte de muchos estudiantes durante 1968. Aunque el contexto internacional también estuvo presente; cuando algunos sectores críticos de la sociedad mexicana acogieron como paradigma el triunfo de la revolución cubana en 1959. (107)  Debe tomarse en cuenta que la formación política de los integrantes de los movimientos armados urbanos tuvo en común su origen en la clase media; estudiantes de nivel medio y superior residentes en urbes de cierta importancia económica y política como el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.

No obstante, en 1965 se conocieron las primeras acciones guerrilleras en el estado de Chihuahua, cuando el profesor Arturo Gámiz y un grupo de personas atacaron el cuartel Madera. De ahí resultaron asesinados algunos de ellos y otros detenidos por el Ejército mexicano. (108)  Durante 1971 y 1972, estos movimientos armados aumentaron y se volvieron la respuesta radical ante la situación de crisis que vivían el Estado y la sociedad mexicana. A partir de esos años, estas organizaciones, tanto en el campo como en la ciudad, fueron sujetos de vigilancia y control político por parte de la DGIPS. Desde la mitad de los años sesenta operó el grupo de autodefensa denominado Partido de los Pobres (PDLP), encabezado por Lucio Cabañas, a quien en 1968 se le acusó de asesinar a cafeticultores del estado de Guerrero. (109)  En octubre de 1971 la guerrilla de José María Morelos, que operaba en la Sierra de Guerrero bajo el mando de Genaro Vázquez Rojas, secuestró al rector de la Universidad del Estado, Jaime Castrejón, pidiendo una cantidad de dinero por su rescate. Además demandaron al gobierno que los campesinos que se encontraban presos en Guerrero fueran puestos en tribunales legales de justicia. (110)  Otros grupos investigados en el Distrito Federal, Monterrey, Chihuahua, Guadalajara y Sinaloa, fueron el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el Comando Armado del Pueblo (CAP), la Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER), (111)  la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) y la Unión del Pueblo, quienes destacaron por sus acciones armadas, secuestros y asaltos para financiar sus actividades. (112)  Los temas sobre las guerrillas se pueden localizar en los rubros: “Asuntos políticos” y “Asuntos penales”.

Es necesario señalar que la información sobre la existencia, actividades y detención de militantes de las organizaciones guerrilleras durante los años sesenta y setenta no sólo fue documentada por la DGIPS, sino también por la DFS, organismos que funcionaron como medios para la extinción de estos grupos considerados como subversivos por el gobierno federal, según lo demuestra el estudio de Alexander Aviña en el caso del Partido de los Pobres (PDLP). (113)

Otra actividad considerada de “alto peligro” por el gobierno mexicano fue la propagación de la Teología de la Liberación, impulsada por clérigos mexicanos. La controversia que despertó esta rama del catolicismo se debió a su opción radical en favor del cambio social. Debe tomarse en cuenta que la aparición de esta doctrina social católica estuvo marcada por la efervescencia regional de movimientos revolucionarios y marxistas. En ese contexto, esta teología identificó la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo con la lucha antiimperialista y anticapitalista; buscaba superar las causas estructurales de la injusticia social. También le interesó la liberación por ser la expresión del compromiso revolucionario de clérigos y militantes católicos en el terreno de la acción colectiva. Por lo anterior, este movimiento fue un tema frecuente en los informes de la DGIPS, como cuando se registró la visita del obispo de Cuernavaca, Méndez Arceo, a los presos políticos en Lecumberri. (114)  En 1970 también se anotó su presencia durante la realización de un foro marxista en la ciudad de Puebla. (115)  También es necesario mencionar que se registraron algunas otras acciones de la Iglesia Católica, como recaudaciones de fondos y actividades de comunidades eclesiásticas.

En cuanto a otras organizaciones, encontramos las civiles, las que básicamente tienen que ver con grupos de ciudadanos que estuvieron relacionados a actividades comerciales o a algunos oficios. Ejemplo de ello son las protestas que se presentaron en 1968 por parte de los locatarios del mercado El Parazal en Guerrero. (116)  Se registraron además las actividades de la Unión de Tablajeros de Guadalajara, (117)  y la solicitud por parte de la Unión de Comerciantes y Locatarios de Tula, Hidalgo, para destituir a Francisco Soto Rodríguez como representante de la organización. (118)  Cuando los informes son amplios, estos temas  se pueden ubicar en el rubro: “Sociedades civiles y religiosas”.

Los  informes de la DGIPS que aquí se presentan deben enmarcarse en el  contexto de la Guerra Fría, que en gran medida provocó que la mayoría de las  naciones del mundo crearan  y  especializaran a sus organismos de inteligencia. México no fue la excepción, pues desde el principio de esta etapa nació la DFS y se dio la especialización de la DGIPS. Para muchos mexicanos esto derivó en la llamada Guerra Sucia, momento en que la represión, encarcelamiento y asesinato de muchos ciudadanos por parte de las fuerzas policiacas, militares y secretas fueron los métodos para controlar a quienes los gobiernos priístas consideraban elementos de subversión. (119)

Recientemente, estudiosos de las ciencias sociales han hecho uso de estos informes confidenciales —DGIPS y DFS— para analizar diversos sucesos que aún no han sido esclarecidos por  las autoridades mexicanas, como es el caso de la desaparición forzada de integrantes de las guerrillas y de los movimientos estudiantiles y campesinos, principalmente. (120)  También, mediante estas evidencias han logrado dar pistas de la forma en que funcionaron, se articularon y se coludieron diversas instancias policiacas y militares con personajes de la política local, regional, nacional e internacional para desarrollar actividades ilegales que desembocaron en diversas violaciones a los derechos humanos. (121)

La información que proporcionan estos acervos confidenciales ayudará de forma significativa a replantearse al México postrevolucionario, a generar nuevas preguntas y a analizar aquel pasado reciente que aún falta indagar. (122)  

4. Diseño de la ficha e índice

Esta segunda entrega de la Guía del Fondo Secretaría de Gobernación. Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, incluye los estudios que sobre distintas entidades de la república emprendió dicha dependencia entre 1966 y 1973. En conjunto, las fichas que podrán consultarse dan cuenta de 858 expedientes, contenidos en 245 cajas, que inician en la 489 y concluyen en la 733 del fondo DGIPS. Sin embargo, muchas de las fichas refieren a otras tantas cajas que pueden localizarse en distinto acervos de la Galería II del AGN. Ya hemos dicho que el azar llevó a nuestras manos dichas cajas, debido al interés por avanzar en una Guía general del fondo.

No obstante, debido a las diferencias que muestra la información contenida en cada expediente, en este caso, el diseño básico de la ficha que anteriormente habíamos empleado cambió, por ello a continuación ofrecemos una descripción general de las fichas.

 Número de ficha: inicia en 1 y termina en 858, y se asignó en orden consecutivo para referir a cada expediente registrado en la guía. Dicho número también respeta el número de expediente registrado para cada una de las 245 cajas, y sirve como indicador de los índices que acompañan a la presente Guía.

 Fechas de inicio y término: se consignó el mes y año extremo de los documentos contenidos en cada expediente. Dicha fechas no corresponden necesariamente con las registradas en la portada de algunos expedientes, ni con el primer o último documento de los mismos. En general el investigador ubicó la fecha más antigua o más reciente de la documentación a partir de una revisión de su contenido, más allá de que también existen materiales sin datos fácticos.

 Lugar: se consignaron los nombres de las entidades de la República Mexicana y países en donde se llevaron a cabo las investigaciones o se emitieron los documentos. El mayor número de los expedientes se emitió en el Distrito Federal, en virtud de que la oficina receptora y emisora encargada de los diferentes asuntos se ubica en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Las referencias a pueblos, ciudades, municipios o divisiones políticas o electorales menores se incluyen dentro del asunto de la ficha.

 Oficina emisora: se presenta el nombre original que tuvo la Oficina en el momento de la creación de cada expediente.

 Asunto: se sintetizó la información de cada expediente dividiéndola por grandes temáticas (Gobierno, Asuntos políticos, Asuntos agrarios, Asuntos laborales y empresariales, Asuntos estudiantiles, etcétera.), procurando emplear los mismos términos que figuraban en los encabezados de cada documento. Según el tipo de expediente consignado, se presentaron algunas variaciones en los temas y la síntesis dependiendo de la especificidad de los asuntos investigados. Se pretendió incorporar en las síntesis el mayor número de nombres propios referidos en cada expediente, ya sea de individuos, organizaciones o instituciones, a fin de facilitar la búsqueda por palabras clave como las ya señaladas o de fácil acceso como referencias a movimientos políticos.  

 Observaciones y conservación: se incluye información sobre el material gráfico anexo a los documentos, como recortes de periódicos, carteles, volantes, manifiestos y fotografías. En algunos casos se amplían datos sobre los materiales, como el caso de algunos periódicos o publicaciones en particular. A su vez, se especifica el estado en que se encuentran los expedientes (ya sea con humedad, hongos, rotos o maltratados) que consideramos necesario señalar para su posterior intervención.

 Caja: número asignado por personal del AGN. El número de caja no corresponde al número físico de cajas, puesto que en ocasiones un mismo número fue asignado para tres cajas que se diferencian por letras.

 Expediente: número asignado por los investigadores encargados de elaborar la guía. Dicho número se asignó en orden alfabético y cronológico, y es consecutivo para los expedientes contenidos en cada caja.

 Folio: cantidad de fojas útiles contadas en cada expediente.

Otras cajas relacionadas: se ofrece un listado con distintos números de caja, en donde se señala entre paréntesis la fecha de inicio o término de cada expediente. Sólo se incluyen datos sobre las cajas que contienen información sobre un mismo estado de la república, cuyas fecha de misión antecede o continúa al expediente clasificado. No se incluyen vínculos en el caso del Distrito Federal, debido al volumen de la documentación y porque en muchos casos se trata de investigaciones en el nivel nacional.

Debido a la diversidad de información con la que cuentan los expedientes consignados en esta guía, se consideró pertinente clasificar en diferentes rubros los temas que por su origen o similitud se podían agrupar dentro de un sólo conjunto, lo cual se hizo tomando en cuenta el cuadro clasificador de la DGIPS y la DFS. Por lo tanto, esta sistematización tiene como propósito organizar la información de una manera más eficaz, y quedó de la siguiente manera con base en el tipo de información más consistente en cada uno: Gobierno, Asuntos políticos, Asuntos agrarios, Asuntos laborales y empresariales; Asuntos estudiantiles, Asuntos penales, Asuntos internacionales, Contingencias y sociedades civiles y religiosas. Vale mencionar que, aunque algunas temáticas se mantienen en la mayoría de las fichas, en ocasiones sólo incluyen una o dos, que se relacionan directamente con el contenido del documento. Por su propia naturaleza y volumen, a pesar de la división, seguramente el usuario de los materiales podrá ubicar temáticas mucho más específicas que las que destacamos en esta guía. Por último, el usuario de este instrumento de consulta encontrará en las 856 síntesis contenidas en las fichas diversas variaciones, debido a la relevancia o el interés que tuvo cada investigador cuando revisó los  materiales en el AGN, por lo que innumerables temas y actores o instituciones seguramente no figurarán en las fichas. Sin embargo, creemos que los resúmenes son un buen indicio de los caminos que ofrecen los expedientes consignados para muy diversas investigaciones.

Las 866 fichas que presentamos en esta guía, se acompañan con un índice onomástico que destaca el nombre propio de algunos de los personajes de la vida nacional e internacional mencionados en las síntesis de cada expediente. Sin embargo, dicho índice no es exhaustivo, puesto que sólo incorporamos el nombre y apellido de algunas personalidades que pudieran ser más reconocidos en diferentes ambitos de la sociedad mexicana, o bien porque su figura destacó dentro de las investigaciones. Nombres y apellidos que por otro lado también consideramos que podrían servir para facilitar las búsquedas por medios digitales.

Cabe señalar que se respetó la forma en que algunas de las personalidades incluidas en el índice fueron consignadas por los agentes, sobre todo las que tuvieron relevancia en los ámbitos estatal, municipal y/o local. (124)  Por ello es posible que existan algunos errores en los nombres o apellidos de algunos individuos que figuran en la síntesis. Sin embargo, la intención de incluirlos por separado fue brindar al usuario mayores elementos alternos de busqueda de información.

Por último, esta guía también incluye un índice de las principales instituciones y organizaciones políticas y sociales del periodo. La selección, como en el caso anterior, sólo tomó en cuenta el nombre y las siglas de las que consideramos más relevantes con base en las mismas descripciones, y omitimos las que se mencionan esporádicamente, nos ofrecieron dudas o fueron difíciles de identificar. No obstante, el índice sirve como indicador de la denominación de instituciones, dependencias de gobierno y diversas organizaciones políticas, sociales y aún culturales de la época, que seguramente también facilitarán las búsquedas.

Agradecimientos

Como observó Edward H. Carr hace varias décadas, el “historiador no es el humilde siervo ni el tiránico dueño de sus datos. La relación entre el historiador y sus datos es de igualdad, de intercambio”. (125)  En este caso, la Guía que hoy presentamos no hace menos que ofrecer e intercambiar datos, contenidos en más de ochocientas fichas sobre el devenir de unos años especialmente significativos en la historia mexicana y mundial del siglo XX, que tal vez darán a los historiadores mejores indicios para dotar de sentido los hechos pasados, pero también están pensados para aquellos individuos que, por la razón que sea, consideren que los papeles que atesoró la DGIPS le otorguen algún sentido a su propia vida.

Sin embargo, el trabajo de compartir datos requiere un esfuerzo, un empeño y una paciencia a veces inaudita, poco valorada en el medio académico y aún entre quienes asisten cotidianamente a los archivos por diversas razones. Sin embargo, a pesar de los descalabros, las dificultades en los apoyos y uno que otro obstáculo que a veces supusimos infranqueable, bien vale agradecer a quienes hicieron posible el intercambio de tantos datos sobre el pasado mexicano. 

El resultado que ahora ofrecemos es producto de un proyecto interinstitucional, que se llevó a cabo en diversas fases, con distintas coordinaciones e incluso en el transcurso de varias administraciones, por lo que indudablemente contó con la participación y el apoyo de muchos asistentes, investigadores, archivistas y funcionarios, cuyo nombre sería difícil de mencionar y seguramente se correría el riesgo de omitir alguno. Por ello preferimos referir sólo a las instituciones a las que muchos están o estuvieron adscritos. El Archivo General de la Nación, que nos ofreció hospedaje y apoyo por largos años, naturalmente encabeza la lista, pero también el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e incluso el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, puesto que el proyecto coordinado por el doctor Aurelio de los Reyes, dirigido a ubicar y catalogar el material gráfico del fondo DGIPS por largos años, inició en gran medida el esfuerzo de muchas instituciones por dotar al archivo de diversos instrumentos de consulta.

De especial valor para la realización de este proyecto fue la iniciativa, estímulo y esfuerzo de nuestras autoridades de la Dirección de Estudios Históricos y del Instituto Nacional de Antropología e Historia en conjunto. En particular por los empeños, consideraciones e incluso recursos adicionales que recibimos de Ruth Arboleyda Castro, Sergio Raúl Arroyo García, Bolffy Cottom Ulin, Inés Herrera Canales y muy particularmente del gran amigo y socio de varias empresas Salvador Rueda Smithers.

También debemos agradecer a los colegas y amigos que desde mediados de la década pasada han formado parte de las iniciativas del taller de investigación que lleva el nombre “De agentes, rumores e informes confidenciales”, que nos reúne periódicamente en la DEH. Y aunque al paso de los años, debido al carácter de los proyectos, los coloquios o las presentaciones que hemos emprendido, contamos con la participación de innumerables colegas a quienes extendemos nuestro agradecimiento por su interés en nuestro trabajo con la sección DGIPS. Particular mención merecen los socios frecuentes, siempre solidarios y atentos a sugerir aspectos y mejoras: Jacinto Barrera Bassols, Alejandro de la Torre, Eduardo Flores Clair, Begoña Hernández, Sergio Hernández, Rina Ortiz, Gabriela Pulido, Elisa Servín y en fecha más reciente Diego Pulido y Nicolás Vázquez.

Claro, por parte de la DEH, debemos agradecer a todos los investigadores que se sumaron entusiastas en las distintas fases del proyecto de elaboración de una guía general del Fondo Gobernación, sección DGIPS, como Beatriz Cano, Saúl Escobar, Laura Espejel, Begoña Hernández, Sergio Hernández, Francisco Pérez-Arce, Martha Rocha, Elisa Servín y Lilia Venegas. Especial merecimiento reciben por su colaboración quienes llevaron a cabo gran parte de las rudas tareas en el archivo. Por lo que corresponde a la descripción de las fichas catalográficas que ahora presentamos, estuvieron Mireya Martínez Gobea, Laura Beatriz Moreno Rodríguez, Abril Ortiz Gasca y Juan Carlos Santander. Por los datos que se obtuvieron del inventario, aunque Mireya y Laura se mantuvieron en el esfuerzo, también hay que mencionar a Karina Tlatelpa Cisneros y Omar Ocampo Fuentes.

Sólo resta manifestar nuestro gusto por entregar un trabajo más sobre una fuente que, a pesar de sus sospechas, seguramente abrirá nuevas rutas de investigación, puesto que, como afirma Carlo Ginzburg en su célebre obra El queso y los gusanos, “el hecho de que una fuente no sea “objetiva” [pero tampoco un inventario lo es] no significa que sea inutilizable”. (126)  Por ello deseamos que la Guía sobre los estudios estatales que realizaban los agentes de la DGIPS al finalizar los años sesenta y setenta del siglo XX, en realidad sea útil a los historiadores e interesados por la historia mexicana, que no sólo se preocupen por los trascendentales y penosos sucesos que marcaron aquellos años por la violencia, (127)  sino también en otros asuntos sobre el devenir cotidiano de la población nacional, expuesta, a pesar de sus sesgos en innumerables informes confidenciales.

 

Notas:

1.

Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, e Instituto de Investigaciones Históricas Dr. José María Luis Mora.

2.

Marcela Turati, “Consideran burla informe de CNDH”, Reforma, 26 de noviembre de 2001; José Luis Ruiz, “Un relato cimbró el palacio de Lecumberri”, El Universal, 28 de noviembre del 2011; Sergio Aguayo Quezada, “Un acuerdo presidencial: Fiscalía opaca”, Reforma, 5 de diciembre de 2001.

3.

Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 2001.

4.

Sergio Aguayo Quezada, “Los Archivos del Cisen: 42 sillas”, Reforma, 27 de febrero de 2002. Poco tiempo después, en un reportaje realizado por Mariana Fuentes Echavarría y Marco Antonio Martínez, denominado “Se abren los archivos…” (Reforma, 24 de marzo de 2002), se dijo que sólo había 32 sillas disponibles en cuatro mesas de madera. Aunque ya en junio de 2002, cuando oficialmente se abrió a la consulta, se habló de un cupo de 43 usuarios y una demanda mayor. María de la Luz González, “Abren fichas de ‘guerra sucia’”, Reforma, 18 de junio de 2002.

5.

"Véase: “Lineamientos para la apertura de los archivos, expedientes e información que fueron transferidos al Archivo General de la Nación en cumplimiento del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 2001, por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 2002.

De inmediato surgieron críticas y explicaciones por los límites a la consulta. Véase: María de la Luz González, “Pero ponen ‘candados’ para proteger privacía”, Reforma, 19 de junio de 2002; de la misma autora, “Acumulan peticiones de consulta”, Reforma, 20 de junio de 2002; Alonso Urrutia, “Desde hoy se dará acceso al público a los documentos de la guerra sucia”, La Jornada, 18 de junio de 2002."

6.

" Ya en marzo de 2002, un artículo de prensa señalaba que el archivo del CISEN contaba con 80 millones de fichas, sobre dos millones de personas y un millón de organizaciones, cuya consulta seguramente requeriría del concurso de varias generaciones de investigadores. Fuentes Echavarría y Martínez, “Se abren los archivos…”, art. cit.

Sin embargo, aún con anterioridad a la fecha de apertura de los archivos, aparecieron distintas notas de prensa sobre los primeros hallazgos, naturalmente asociados al movimiento estudiantil de 1968 y la guerra sucia. Sirven como ejemplo: María Idalia Gómez, “Díaz Ordaz y Echeverría crearon a los Halcones, confirman documentos”, El Universal, 19 de abril de 2002; Alejandro Almazán, “Dispararon contra estudiantes antes del 2 de octubre”, El Universal, 2 de mayo de 2002; del mismo Almazán, “El fantasma de la guerrilla”, El Universal, 7 de mayo de 2002; Ignacio Juárez Galindo, “Documentos revelan la investigación de la DFS en el asesinato de Joel Arriaga”, La Jornada de Oriente, 15 de julio de 2002."

7.

Vale mencionar que desde muy pronto los periodistas mencionaron las dificultades que debían enfrentar los usuarios que solicitaron consultar los documentos de la Galería I. María de la Luz González, “Restringen los archivos del 68”, Reforma, 30 de marzo de 2002.

8.

Véase: Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, México, Procuraduría General de la República, 2006. El documento digitalizado puede consultarse íntegro en el portal de Internet: “The National Security Archive”, The George Washington University: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB209/informe/

9.

Al respecto puede consultarse una amplia crítica sobre los resultados de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especial, publicado bajo el título: Lost in Transition. Bold ambitions, Limited Results for Human Rights Under Fox, Washington D.C., Human Rights Watch, 2006. Véase también: Jorge Alejandro Medellín, “Experta asegura que fracasó la Femospp”, El Universal, 4 de abril de 2006. Véase también: Alfonso García Morales, María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, Mario Ramírez Salas y Américo Meléndez Reyna, “México. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”, en Rubén Ruiz Guerra (coord.), Entre la memoria y la justicia. Experiencias Latinoamericanas sobre la Guerra Sucia y defensa de los derechos humanos, México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos-UNAM, 2005, pp. 221-237.

10.

Aguayo, “Los Archivos del Cisen: 42 sillas”, art. cit. La misma directora del AGN, Stella González Cicero, en julio de 2012, al referirse a los archivos del CISEN señaló que apenas se conocía 1% de su contenido, y que la gente que acudía se desesperaba “porque no encontraba en media hora lo que está buscando”. Karina Avilés, “Aún hay ‘muchas sorpresas’ en los archivos sobre la guerra sucia”, 30 de julio de 2012.

11.

De las tesis de licenciatura y maestría que emplearon el archivo de la DGIPS y la DFS seguramente nos faltará mencionar muchas, pero sirven como ejemplo: Alma Silvia Díaz Escoto, “¡Únete Pueblo! El discurso político de los informes sueltos sobre el movimiento estudiantil de 1968”, tesis de maestría, México, FFyL-UNAM, 2012; Camilo Vicente Ovalle, “Una violencia que no quiere decir su nombre. La creación del enemigo político y la desaparición forzada en México, 1970-1980. Elementos para una historia”, tesis de maestría, México, FFyL-UNAM, 2013; Francisco Ávila Coronel, “Problemas para el estudio de la guerrilla del partido de los pobres (PDLP), Atoyac, Guerrero (1972-2012)”, tesis de maestría, México, FFyL-UNAM, 2013.

12.

Según mencionan Salazar y Hernández: “Este fondo documental llegó al AGN en enero de 1982, fecha en la que éste se encontraba estrenando sus actuales instalaciones en el denominado Palacio de Lecumberri —edificio de la antigua Penitenciaria de la ciudad de México—, y ahí quedaron bajo resguardo del mismo poco más de 2900 cajas de muy distintos tamaños. Dicho acervo entonces sellado y depositado en la Galería VII, a diferencia de otros grupos documentales generados por la misma Secretaría y puestos a consulta pública desde fecha temprana, tuvo un tratamiento especial debido a que se trataba de información de carácter confidencial y de seguridad nacional producida por la (DGIPS), la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Secretaría Particular”. Delia Salazar y Begoña Hernández y Lazo (coords.), “Introducción”, Guía del Fondo Secretaría de Gobernación. Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, 1920-1952, México, INAH, 2008, Disco compacto. Véase también Alfonso Urrutia, “Los servicios de inteligencia, al descubierto en el AGN”, La Jornada, 26 de mayo de 2002, en donde el entonces director del Archivo Histórico Central del AGN, Juan Manuel Herrera, señala que la documentación que entregaría el CISEN complementaría la que ya estaba en el AGN desde 1982. Véase también Jorge Nacif Mina, “El Archivo General de la Nación en la era de la apertura de la información pública en México”, Desacatos, núm. 26, enero-abril de 2008, pp. 11-24.

13.

Ídem.

14.

Véase: Archivo General de la Nación, Guía General, publicada en el portal de Internet de dicha institución desde 2006 en: http://www.agn.gob.mx/guiageneral/. No obstante, en otros documentos el mismo AGN designa a la sección con el nombre completo que tuvo la institución: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).

15.

"La Comisión especial del 68, creada en agosto de 1997, durante prácticamente un año consultó y digitalizó los expedientes vinculados al movimiento estudiantil en el AGN. En 1998, la entonces directora del archivo, Patricia Galeana, señaló que debido a que habían pasado los 30 años de reserva, próximamente se pondrían en consulta pública 50 cajas con los documentos del movimientos estudiantil de 1968, que habían sido revisados por la “Comisión Especial del 68” de la Cámara de Diputados, aunque la funcionaria señaló que no existía seguridad de que el acervo de DGIPS, tal y como lo recibió el AGN, no tuviera “huecos o mutilaciones”. Guadalupe Irízar, “Abren archivos del 68”, Reforma, 30 de septiembre de 1998.

Sobre la influencia de dicha comisión en la promoción y la apertura de los archivos confidenciales y la creación de una ley de archivos, véase también: Sergio Aguayo Quezada, “La insidiosa todología”, Reforma, 18 de agosto de 1999; y Jaime Ramírez Garrido, “68: crónica de los archivos bajo llave. Un viaje a los sótanos del Archivo General de la Nación”, Nexos, septiembre de 1998. http://www.nexos.com.mx/?p=8988."

16.

"Además de los primeros esfuerzos realizados por el personal del AGN para ordenar las cajas de la sección DGIPS, ubicada en la Galería II, en la identificación, clasificación y descripción de los expedientes generados por la DFS, que pueden consultarse parcialmente en línea en la Guía General del AGN, colaboró un grupo de investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a cargo de Enrique Condés Lara, cuando preparaba su libro: Represión y rebelión en México (1959-1985), México, BUAP / Miguel Ángel Porrúa, 2007.

Con anterioridad, otros investigadores también inventariaron dichas cajas, como fue el caso de la historiadora Ángeles Magdaleno, quién revisó la sección DGIPS, en su labor de asistente de investigación de Sergio Aguayo o como asesora de la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, creada por el presidente Fox en 2001. Véase: Sergio Aguayo Quezada, 1968. Los archivos de la violencia, México, Grijalbo / Reforma, 1998; y del mismo autor, La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México, México, Grijalbo, 2001.

Por su parte Daniela Spenser Grollová también publicó el disco compacto Guerra Fría y guerrilla en México. Guía de acceso al archivo de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (México, AGN, 2003), que ofrece un buen referente para identificar una muestra de los materiales de la sección DGIPS. Véase también el libro de su coordinación Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y el Caribe, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Miguel Ángel Porrua, 2004.

Sobre el funcionamiento de la DGISP y la DFS, además de los trabajos de Aguayo, en fecha reciente han aparecido algunas publicaciones que aluden al tema: Jacinto Rodríguez Munguía, Historia confidencial. Las nóminas secretas de Gobernación, México, LIMAC, 2004; del mismo autor, La otra guerra secreta (Los archivos prohibidos de la prensa y el poder), México, Debate, 2007; Aaron W. Navarro, Political Intelligence and the Creation of Modern Mexico. 1938-1954, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, University Park, PA, 2010; Mireya Martínez Gobea, “El papel del aparato de control político en los procesos electorales y en los movimientos políticos michoacanos, 1934-1940”, tesis de licenciatura, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2010; Laura Beatriz Moreno Rodríguez, “Exilio y vigilancia en México: Nicaragüenses antisomocistas  en la mirada del servicio secreto, 1937-1947”, tesis de maestría, México, Instituto de Investigaciones Históricas Dr. José María Luis Mora, 2012; Tanalís Padilla y Louise E. Walker (eds.), ""Spy Reports: Content, Methodology, and Historiography in Mexicos Secret Police Archive"", Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 1-10; Sebastián Nelson Rivera Mir, “El archivo y la construcción de lo ‘confidencial’ en los inicios del México posrevolucionario”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social, núm. 4, julio-diciembre de 2014, pp. 44-63."

17.

Guadalupe Irízar, “Abren archivos...”, art. cit.

18.

Esta razón explica en parte los fuertes mecanismos de seguridad para ingresar o salir del AGN, e incluso la presencia de policías en las galerías. Vigilancia policial que también genera algunas molestias a los usuarios.

19.

Pueden verse los lineamientos de consulta en Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 2001.

20.

Hasta 2006, un factor que creaba cierta tensión, y a veces mayor incertidumbre o expectativa a quienes revisaban el archivo de la DFS y DGIPS en el AGN, era que en ese entonces los integrantes de la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, creada por el mismo presidente Fox en 2001, pretendían documentar los casos sobre las personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia” y solicitaba copias o reservaba expedientes y cajas en ambas galerías.

21.

A partir de mayo de 2006 cambió su denominación a Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México.

22.

Al inicio de 2001, el doctor Aurelio de los Reyes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también había emprendió un destacado esfuerzo de colaboración con el AGN en la identificación de los materiales gráficos contenidos en los expedientes de la sección DGIPS. Las fichas, elaboradas por varias generaciones de sus alumnos, pueden identificarse en los expedientes que contienen fotografías, caricaturas o carteles, pero hasta donde sabemos el resultado final aún no se encuentra publicado o a la disposición de los usuarios del archivo. A estos esfuerzos por dotar de herramientas de consulta el archivo también deben sumarse algunos catálogos que sirvieron de tesis de licenciatura, realizados por alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que dan cuenta de algunas temáticas específicas.

23.

Véase Salazar y Hernández (coords.), Guía del Fondo de la Secretaría… op cit. En línea: http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/guia/.

24.

Véase el cuadro clasificador completo en Ídem.

25.

Los investigadores y jóvenes asistentes que nos sumamos al proyecto de  colaborar con el AGN en la elaboración de una guía de la DGIPS, no tuvimos mejor opción que dividir las tareas, aunque con cierta arbitrariedad, para avanzar lo más posible con base en los recursos y posibilidades con que contábamos. Unos y otros, con el respaldo y asesoría del personal del AGN, cambiamos los expedientes que se encontraban depositados en cajas de archivo muerto hacia unidades de resguardo más manejables —AGN 12, 16 y 20—, mismas que se etiquetaron respetando el número consecutivo de las cajas, pero subdividiéndolas por letras. Por ello, hoy en día muchas cajas de la sección DGIPS están subdivididas por tres o cuatro letras. Así, si algún interesado se tomara la curiosidad de contabilizar de nuevo el número de cajas de la sección, seguramente encontrará más de nueve mil unidades de depósito.

26.

Por su propio carácter, el inventario general que realizamos, aunque trató de asignar un tema clave a cada expediente contenido en más de mil cajas, no da cuenta pormenorizada del contenido específico de cada uno. Por ello en la sección “Vínculos” sólo seleccionamos las cajas que correspondían al mismo estado y corte cronológico de los 856 expedientes registrados en las fichas de la presente guía.

27.

Los archivos digitales de dicho inventario pueden consultarse en el Fondo de Referencia del AGN y en la Biblioteca Manuel Orozco y Berra de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.

28.

"Por nuestra parte, aunque consideramos la posibilidad de continuar con el proyecto de elaborar una guía general de la sección DGIPS, hacia 2006 debimos suspender nuestra colaboración, debido a que nunca se logró consolidar un convenio formal de colaboración con el AGN, y por el curso de los intereses y proyectos de investigación de quienes nos involucramos en los trabajos. Los colegas del INEHRM siguieron en el esfuerzo por algunos años más, sin embargo éste no ha sido concluido, debido al volumen de los materiales que componen la sección, y hasta donde tenemos noticia por medio de la Guía general del AGN.

Por otro lado, desde el año 2005 optamos por realizar un inventario general, que desde nuestro punto de vista debió haberse realizado desde un principio para identificar el conjunto de los materiales de la sección DGIPS, puesto que el acervo, tal y como se entregó y puso a consulta en el AGN, contiene diversas copias del mismo expediente, sobre todo en la documentación de 1958 en adelante. Sabemos que otros investigadores, como Ángeles Magdaleno, también han entregado al AGN algunos inventarios de la sección DGIPS, que, aunque parciales, han facilitado la consulta de los que se han interesado por consultar el fondo.

Por último, tal y como supimos desde un inicio, debido a que en el grupo documental de la sección DFS, ubicado en la Galería I, también se encuentran materiales producidos por la DGIPS, es probable que otras copias de los mismos expedientes se encuentren en la Galería II del AGN."

29.

Véase Cuadro clasificador y expedientes clasificados como “panoramas estatales, de la DGIPS, periodo 1920-1952”, en  Salazar y Lazo (coords.).

31.

Diario Oficial de la Federación, 14 de junio de 1984. Mismas funciones de los reglamentos de 73 y 76. Tomado de Aguayo, 1968. Los archivos…, op. cit., p. 31.

32.

"Después de haber revisado más de 2000 cajas del acervo de DGIPS, de la Galería II del AGN, hemos detectado que son escasos los expedientes que corresponden al periodo 1953-1964. Aunque eventualmente el investigador puede localizar algunos expedientes sobre organizaciones o instituciones que se estudiaron o vigilaron con especial énfasis en la segunda mitad de los años sesenta del siglo XX,  que incluyen algunos antecedentes que corresponden a los sexenios de Ruiz Cortínez y López Mateos, en la sección DGIPS prácticamente no existen expedientes individuales que se centren en el periodo.

Ellos se debió, cuando menos a manera de hipótesis, a que tal vez la documentación generada por la dependencia entre 1953-1965, posiblemente fue depurada o destruida durante su vida activa, y/o fue enviada a una bodega de la SEGOB, distinta a la que concentró las cajas de archivo de los años anteriores o posteriores. También sabemos que una parte de la documentación del lapso referido quizá pueda ubicarse en el archivo de la DFS, ubicado en la  Galería I, que entregó el CISEN, pero cuyo contenido prácticamente se desconoce."

33.

AGN, Identificación y Registro de Grupos Documentales. Dependencia: Secretaría de Gobernación. Unidad Administrativa. Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. El documento, que sólo consta de tres hojas, firmado por la licenciada María Guadalupe Alonso Fernández el 27 de junio de 1985, sólo señala como series documentales: Acuerdos, Comunicaciones internas, Comunicaciones externas, Investigaciones políticas y sociales; Análisis políticos, sectoriales, internacionales, etc.; personal, capacitación y especialización; Recursos financieros; Recursos materiales; Conservación y Mantenimiento. Y en el caso de los rubros en donde naturalmente se encontraría las “Investigaciones Políticas y Sociales”, sólo se indica en las observaciones “reporte sobre el resultado de las investigaciones realizadas”. Para el caso de los “Análisis políticos, sectoriales, internacionales, etc.”, sólo se indica en las observaciones que eran “estudios especializados sobre temas políticos, económicos, sociales, etc.”, 3f.

34.

La DFS tuvo funciones bastante similares a las de DGIPS. Según recoge Sergio Aguayo del Diario Oficial, la función de dicha dependencia era “Vigilar e informar sobre los hechos relacionados con la seguridad de la nación”, y realizar las “demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan así como aquellas que le confiere el titular del ramo”. Aguayo, 1968. Los archivos…, op. cit., p. 30.

35.

AGN, “Identificación y Registro de Grupos Documentales”. Dependencia: Secretaría de Gobernación. Unidad Administrativa: Dirección Federal de Seguridad, documento fechado el 14 de junio de 1985, f. 1.

36.

Ibíd., f. 7.

37.

AGN, “Identificación y Registro de Grupos Documentales”. Dependencia: Secretaría de Gobernación. Unidad Administrativa: Dirección Federal de Seguridad, documento fechado el 14 de junio de 1985, f. 7 y 8.

38.

Sirve como ejemplo la clasificación 100-4-16, el cuatro corresponde al estado de Chiapas, y el 16, a partidos políticos. Luego podía venir otro número seguido de una diagonal invertida con algún otro número asignado a un partido en particular, como: 10-4-16 / 3, para el Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria. Ibíd., f- 41.

39.

Aunque, como señala Sergio Aguayo, en el archivo de la DFS sí se encuentran las síntesis que realizaba su director para enviárselas al presidente. Aguayo, 1968. Los archivos…, op. cit., p. 31.

40.

Ibíd., p. 31.

41.

Archivo General de la Nación, Fondo Secretaría de Gobernación. Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (AGN-DGIPS en adelante), caja 2080-C, exp. 20, f. 3.

42.

Ibíd.

43.

Ibíd., f.4.

44.

PRI, Partido Revolucionario Institucional.

45.

Ibíd., fs-4-5.

46.

Ibíd., f.5. Este último objetivo seguramente explica que en la sección DGIPS actualmente se encuentren distintas cajas que, sin clasificación alguna, reúnen colecciones de leyes o ciertas publicaciones periódicas que seguramente servían para realizar los trabajos en el llamado “centro de documentación”. 

47.

Ibíd., fs.1-2.

48.

Una buena revisión y compilación bibliográfica sobre los estudios sobre la guerrilla y la guerra sucia, sirve como anexo a la tesis de Alejandra Ivette Cruz Cruz, “El ataque al cuartel militar de Cd. Madera, Chihuahua. Un análisis de los lugares de la memoria. 1965-1973”, tesis de licenciatura, México, FFyL-UNAM, 2013. También Sergio Arturo Sáchez Parra, “La guerrilla en México. Un intento de balance historiográfico”, Clio, nueva época, vol. 6, núm. 35, pp. 121-144; y Arturo Luis Alonzo Padilla, “Diles que no me maten y si me matan que no me olviden. La memoria de la insurrección armada en México (1965-1982)”, Historia Actual Online, núm. 33, invierno de 2014, pp. 119-132.

49.

En esta guía del periodo 1966-1973, de los 858 expedientes descritos en forma pormenorizada, 205 corresponden sólo al Distrito Federal, en tanto que sobre una entidad que se mantuvo en especial tranquilidad y seguramente fuera de la sospecha de la DGIPS, como Colima, sólo se conformaron 10 expedientes, y sólo encontramos algunos más mezclados en otros acervos.

50.

El personal del AGN simplemente ordenó en forma alfabética los expedientes por año, y como tal, junto con los “estudios estatales” se integraron los expedientes relacionados con el devenir del Distrito Federal, cuyas características en muchas ocasiones difieren del conjunto.

52.

Aguayo, 1968. Los archivos…, op. cit., p. 32.

53.

Miguel Basáñez, “La crisis de 1968 y la crisis de 1976”, El pulso de los sexenios, México, Siglo XXI Editores, 1990, p. 42.

55.

Soledad Loaeza, “México 1968: Los orígenes de la transición”, en Ilán Semo (Coord.), México, la transición interrumpida, México, Universidad Iberoamericana, 1993, p. 71.

56.

Ídem.

57.

Estos aspectos se destacan bajo la temática “Gobierno” en las fichas de la presente guía.

58.

Munguía, Historia confidencial.. op. cit., p. 64.

59.

AGN-DGIPS, caja, 501, exp. 2, 272 f, febrero-diciembre 1966; caja, 503, exp. 1, 246 f., febrero-diciembre 1966.

60.

AGN-DGIPS, caja, 585, exp. 1, 641f., febrero-junio 1970.

61.

AGN-DGIPS, caja, 502, exp. 1, enero-octubre 1966, 779 f.

62.

AGN-DGIPS, caja, 504, exp. 1, enero-mayo 1966, 723 f.

63.

AGN-DGIPS, caja, 504, exp. 4, enero-octubre 1966, 478 f.

64.

Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, Historia General de México, vol. 4, México, El Colegio de México, p. 384.

65.

Aspectos que se reúnen en el rubro “Asuntos políticos”.

66.

AGN-DGIPS, caja 490, exp. 7, enero-febrero 1966, 381 f.

67.

AGN-DGIPS, caja571, exp. 3, julio-diciembre 1970, 395f.

68.

La información sobre estos sindicatos y organizaciones se localiza a lo largo de toda la base de datos.

69.

Cuando la temática destacaba, la información fue sistematizada bajo “Asuntos internacionales”.

70.

La Doctrina Estrada, en esencia, postula que: “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos sino que se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditadas en México, sin calificar ni precipitadamente, ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades.… Quizá los momentos culminantes de esa gestión de Genaro Estrada hayan sido la Sexta Conferencia Internacional Americana celebrada en La Habana en 1928, en la que la delegación de México desempeñó un papel destacado dentro del esfuerzo para obtener que Estados Unidos aceptara la no intervención como norma de la convivencia interamericana, y la declaración unilateral que hoy es conocida como Doctrina Estrada”. Véase José Maximiliano de Rosenzweig Díaz, Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, tomo I, 1931, pp.111-112.

71.

Como señala Munguía: mientras en casa se castigaba a quienes osaban retar o cuestionar el poder del Estado, hacia fuera, el gobierno de José López portillo invertía, al igual que su antecesor Luis Echeverría Álvarez, en imagen política del buen trato hacia los exiliados políticos en México. Véase Munguía, Historia confidencial…, op cit., p. 32.

72.

Se reportó que en México extranjeros de filiación comunista pretendían adquirir armas para enviarlas a las guerrillas de Guatemala y Nicaragua. Véase AGN-DGIPS, caja 502, exp. 1, enero-octubre 1966, 779f.

73.

Se registraron los acuerdos de México con Nicaragua para elevar el nivel de ambos pueblos. Véase en AGN-DGIPS, caja 508, exp. 3, enero-octubre 1966, 241f.

74.

AGN-DGIPS, caja, 509, exp. 2, septiembre-noviembre 1967, 434f.

75.

AGN-DGIPS, caja 508, exp. 3, enero-octubre 1966, 241f.

76.

AGN-DGIPS, caja, 604, exp. 2, enero-septiembre 1971, 152f. La práctica de seguir a los opositores políticos exiliados en México durante la visita de los mandatarios de sus naciones de origen, fue común entre los agentes de la DGIPS, aun en años previos. Para el caso de los cubanos véase “De exiliados políticos y otros sospechosos cubanos en México, bajo el lente vigilante de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (1924-1953)”m Cambio social y cultura caribeña, siglos XIX y XX, vol. 1, México, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo / Universidad Veracruzana / Instituto Veracruzano de Cultura / Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe-UNAM / Asociación Mexicana de Estudios del Caribe A. C.  (El Caribe Contemporáneo 1), 2009, pp. 56-79.  También pueden verse varios ensayos de: Delia Salazar Anaya y Gabriela Pulido Llano (coords.), De agentes, rumores e informes confidenciales. La inteligencia política y los extranjeros, 1910-1951, México, INAH, 2014.

77.

José Agustín, Tragicomedia mexicana I. La vida en México de 1940 a 1970, México, Océano, 1996, p. 227.

78.

Miguel Quiroz Pérez y Lucino Gutiérrez Herrera, De Carranza a Salinas. Otras razones en el ejercicio del poder en México. Estado, régimen y sistema. Ensayo de historia política, México, UAM-Azcapotzalco, 1993, pp. 240-241.

79.

Los desastres naturales fueron ubicados en el rubro: “Contingencia”.

80.

Véase José Luis Reyna, “Estado y autoritarismo”, El sistema político mexicano, México, Nueva Política, vol. 1, núm. 2, abril-junio de 1976, pp. 75-98.

81.

La tesis doctoral de Jaime Pensado aborda distintos aspectos sobre la vigilancia de los estudiantes con base en la consulta de los archivos de la DGIPS y la DFS. Véase “Political Violence and Student Culture in Mexico: The Consolitation of Porrismo during the 1950s and 1960s”, Chicago, Univerity of Chicago, 2006.

82.

AGN-DGIPS, caja, 492, exp. 3, junio-julio 1966, 548 f.

83.

AGN-DGIPS, caja, 494, exp. 1, enero-abril 1966, 469 f.

84.

AGN-DGIPS, caja, 490, exp. 1, enero-noviembre 1966, 625 f.

85.

AGN-DGIPS, caja, 640, exp. 3, junio-agosto 1971, 652 f.

86.

AGN-DGIPS, caja, 490, exp. 2, enero-noviembre 1966, 620f.

87.

AGN-DGIPS, caja 491, exp. 2, enero-diciembre 1966, 553f.

88.

Dentro de los informes destacan las movilizaciones que llevaron a cabo las normales rurales en diferentes puntos de la república. Se evidencía que su participación no sólo se limitó al ámbito estudiantil, sino que se involucraron de manera directa en las luchas populares de su región. Un ejemplo de ello está en la particpación de los estudiantes en Chihuahua para le recuperación de tierras. Tanalís Padilla, “Espionage and Education: Reporting on Student Protest in Mexico´s Normales Rurales, 1960-1980”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 20-29.

89.

Sergio Aguayo es uno de los primeros investigadores que documentó sus investigaciones sobre el movimiento estudiantil de 1968 con base en los informes de DGIPS. Véase Aguayo Quezada, 1968. Los archivos… op.cit. Véase también Julio Scherer y Carlos Monsiváis, Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, México, Nuevo Siglo / Aguilar 1999.

90.

AGN-DGIPS, cajas: 490, 491 y 539. julio-octubre 1968.

91.

Guillermo Sierra Araujo, “Juventud en disidencia. La contracultura como desobediencia social y su proceso histórico en la ciudad de México. 1968-1973”, tesis de licenciatura, México, ENAH, 2008, p. 84.

92.

Como se sabe, los sindicatos han sido dirigidos por las burocracias sindicales más diversas, ligadas por décadas a los intereses generales del Estado posrevolucionario. Los planes de elevación de la productividad, el mejoramiento de la calidad de trabajo, el ataque del gobierno a los contratos colectivos, los recortes de prestaciones, los despidos masivos, etc., fueron medidas que afectaron las fuentes de consenso de esos líderes entre las bases obreras. Véase Sergio Sánchez Díaz, “Tendencias sindicales en México al final de una Era”, Espiral, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad de Guadalajara, vol. I, septiembre de 1994, p. 213.

93.

Luis Humberto Méndez y Berrueta, y José Othón Quiroz Trejo, “25 años de sindicalismo en México. Un balance pesimista”, El Cotidiano en línea 2009, vol. 24 citado 2011-09-02. Disponible en Internet: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32512743009. ISSN 0186-1840.

95.

Existe un interesante artículo que utiliza documentos de la DFS para analizar la  vinculación del líder obrero Vicente Lomabrdo con la inteligencia soviética y el comunismo durante la Guerra Fría. Véase Patrick Iber, “Managing Mexico´s Cold War: Vicente Lombardo Toledano and the Uses Political  Intelligence”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, p. 19. Una revisión más amplia sobre la vigilancia de los trabajadores y las organizaciones sindicales en el siglo XX puede verse en Delia Salazar Anaya y Laura Beatríz Moreno Rodríguez, “El poder del confidente. El trabajo y los trabajadores bajo la lente de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales”, en Cuauhtémoc Velasco (coord.), Sujetos históricos, archivo y memoria, México, INAH (en prensa).

96.

AGN-DGIPS, caja, 670, exp. 3, enero-junio 1972, 721f.; caja, 671, exp. 2, noviembre 1972-abril 1973, 373f.; caja, 674, exp. 2, enero-diciembre 1972, 722f. Sobre la vigilancia al líder ferrocarrilero véase el libro de Begoña Hernández y Lazo, Demetrio Vallejo Martínez. Un luchador social, México, Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A. C. / Editorial Los Reyes, 2011.

97.

AGN-DGIPS, caja, 693, exp. 1, mayo-julio 1972, 676f.

98.

AGN-DGIPS, caja, 518, exp. 2, octubre 1967, 550f.

99.

AGN-DGIPS, caja, 622, exp. 1, enero-febrero 1971, 342f.

100.

AGN-DGIPS, caja, 678, exp. 1, agosto- diciembre 1972, 522f,

101.

Laura Beatriz Moreno Rodríguez, “El campo mexicano a partir de los setenta”, El canto nuevo como forma de resistencia social y política. 1974-1983. El caso de la COCEI en Juchitán, Oaxaca, México, España, Editorial Académica Española, 2011, pp. 27-32.

102.

Guillermo Bonfil Batalla, “Los pueblos indígenas: Viejos problemas, nuevas demandas”, en Pablo González Casanova y Enrique Florescano, México Hoy, México, Siglo XXI, 1979, pp.105-107.

103.

AGN-DGIPS, caja, 504, exp. 2, octubre-diciembre 1966, 88f.

104.

AGN-DGIPS, caja, 598, exp. 2, enero-julio 1970, 640f.

105.

AGN-DGIPS, caja, 600, exp. 1, enero-diciembre 1970, 127f.

106.

AGN-DGIPS, caja 599, exp. 3, noviembre 1970- marzo 1971, 798f.

107.

Mario Ramírez Salas, “La relación de la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres en el estado de Guerrero en la década de los setenta”, en Verónica Oikión Solano y Marta Eugenia García Ugarte (coords.), Movimientos armados en México, siglo XX, México, Colegio de Michoacán / CIESAS, 2006, p. 528.

108.

AGN-DGIPS, caja, 492, exp. 2, diciembre 1966, 265f.

109.

AGN-DGIPS, caja, 530B, exp. 3, enero-diciembre 1968, 530f.

110.

Detención de Genaro Vázquez en Guerrero, quien más tarde fue liberado por una operación llevada a cabo por los integrantes de su grupo. Véase en AGN-DGIPS, caja, 500, exp. 5, marzo-diciembre 1966, 450f.

111.

El caso del FER es analizado desde sus origenes hasta su extinción por Sergio Aguayo, quien mediante los informes de la DFS proporciona elementos sobre el modo en que esta organización estuvo sometida a la violencia por las diversas fuerzas policíacas y los servicios de inteligencia. Sergio Aguayo, La Charola… op ci.,, pp. 167-225.

112.

Véase Moreno Rodríguez, “Movimientos contestatarios”, El canto…, op. cit., p. 26.

113.

Alexander Ávila, “An Archive of Counterinsurgency: State Anxieties and Peasant Guerrillas in Cold War Mexico”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 41-51. DOI: 10.1080/13260219.2013.805722.   

114.

AGN-DGIPS, caja, 575, exp. 1, octubre 1969-enero 1970, 779 f.

115.

AGN-DGIPS, caja 599, exp. 2, julio-noviembre 1970, 496 f.

116.

AGN-DGIPS, caja, 530B, exp. 3, enero-diciembre 1968, 530f.

117.

AGN-DGIPS, caja, 531B, exp.2, febrero-diciembre 1968, 340f.

118.

AGN-DGIPS, caja, 531B, exp. 4, febrero-diciembre 1968.

119.

Recientemente se ha publicado el caso de la desaparición forzada de integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). Mediante los informes de la DFS se demuestra la participación de la policía secreta y las fuerzas militares en las detenciones de estos guerrilleros, de quienes actulamente no se sabe su paradero. Véase Adela Cedillo, “Traicing the Dirty War´s Disappeared: The Documents of Operation Diamante”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 71-90.   

120.

Véase como ejemplo: Condés Lara, op. cit., o los distintos ensayos que se encuentran en la obra colectiva coordinada por Oikión Solano y García Ugarte (coords.), op cit.

121.

En julio de 2012 un conjunto de académicos de diversas instituciones discutimos algunos de estos aspectos en el marco del coloquio: “Vigilados y vigilantes. Seguridad, espionaje, control político y social en la historia de México, siglos XVII-XXI”, en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Algunos de sus resultados más relevantes se encuentran en prensa en un número temático de la revista: Antropología, Boletín Oficial del INAH, bajo la coordinación de Delia Salazar Anaya y Eduardo Flores Clair.

122.

A partir de la desclasificación de los informes generados por  los servicios de inteligencia mexicanos, la historiografía se ha enfrentado a nuevas preguntas y retos que hacen necesario plantear nuevas propuestas metodológicas con el objetivo de acercarse de manera adecuada al pasado reciente. Para llevar a cabo este análisis se considera prioritario mantener un diálogo con las distintas disciplinas de las ciencias sociales, hacer un balance de los beneficios y limitaciones del uso de estos informes confidenciales, y contrastar esta información con otras fuentes. Véase Tanalís Padilla y Louise E. Walker, op. cit., pp. 1-10; y Pablo Picato, “Comments: How to Built a Perspective on the Recent Past”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 99-110.

124.

Dentro de los expedientes se localizó gran número de personalidades que cobraron relevancia política, social, económica y cultural en el espacio regional, lo que hizo imposible hacer una investigación minuciosa sobre cada uno de ellos para conocer si los nombres fueron consignados de manera correcta.

125.

Edward H. Carr, ¿Qué es la historia?, España, Ariel, 2003, pp. 104-105.

126.

Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, Barcelona, Muchnik Editores (Atajos), 1998, p. 6.

127.

Como bien auguró Jaime Ramírez Garrido, en su artículo “68 crónica de los archivos...”, op. cit.: “No creo que nadie encuentre el equivalente al ‘mátenlos en caliente’. En todo caso, lo que muestran esos documentos es el cuadro paranoide institucionalizado de aquellos días, la vigilancia obsesiva hacia los miembros de la oposición y cómo la difamación era parte tan fundamental en el trabajo de espionaje que terminó dominando en sus mismos informes”. http://www.nexos.com.mx/?p=8988.

Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, e Instituto de Investigaciones Históricas Dr. José María Luis Mora.

Marcela Turati, “Consideran burla informe de CNDH”, Reforma, 26 de noviembre de 2001; José Luis Ruiz, “Un relato cimbró el palacio de Lecumberri”, El Universal, 28 de noviembre del 2011; Sergio Aguayo Quezada, “Un acuerdo presidencial: Fiscalía opaca”, Reforma, 5 de diciembre de 2001.

Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 2001.

Sergio Aguayo Quezada, “Los Archivos del Cisen: 42 sillas”, Reforma, 27 de febrero de 2002. Poco tiempo después, en un reportaje realizado por Mariana Fuentes Echavarría y Marco Antonio Martínez, denominado “Se abren los archivos…” (Reforma, 24 de marzo de 2002), se dijo que sólo había 32 sillas disponibles en cuatro mesas de madera. Aunque ya en junio de 2002, cuando oficialmente se abrió a la consulta, se habló de un cupo de 43 usuarios y una demanda mayor. María de la Luz González, “Abren fichas de ‘guerra sucia’”, Reforma, 18 de junio de 2002.

"Véase: “Lineamientos para la apertura de los archivos, expedientes e información que fueron transferidos al Archivo General de la Nación en cumplimiento del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 2001, por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 2002.

De inmediato surgieron críticas y explicaciones por los límites a la consulta. Véase: María de la Luz González, “Pero ponen ‘candados’ para proteger privacía”, Reforma, 19 de junio de 2002; de la misma autora, “Acumulan peticiones de consulta”, Reforma, 20 de junio de 2002; Alonso Urrutia, “Desde hoy se dará acceso al público a los documentos de la guerra sucia”, La Jornada, 18 de junio de 2002."

" Ya en marzo de 2002, un artículo de prensa señalaba que el archivo del CISEN contaba con 80 millones de fichas, sobre dos millones de personas y un millón de organizaciones, cuya consulta seguramente requeriría del concurso de varias generaciones de investigadores. Fuentes Echavarría y Martínez, “Se abren los archivos…”, art. cit.

Sin embargo, aún con anterioridad a la fecha de apertura de los archivos, aparecieron distintas notas de prensa sobre los primeros hallazgos, naturalmente asociados al movimiento estudiantil de 1968 y la guerra sucia. Sirven como ejemplo: María Idalia Gómez, “Díaz Ordaz y Echeverría crearon a los Halcones, confirman documentos”, El Universal, 19 de abril de 2002; Alejandro Almazán, “Dispararon contra estudiantes antes del 2 de octubre”, El Universal, 2 de mayo de 2002; del mismo Almazán, “El fantasma de la guerrilla”, El Universal, 7 de mayo de 2002; Ignacio Juárez Galindo, “Documentos revelan la investigación de la DFS en el asesinato de Joel Arriaga”, La Jornada de Oriente, 15 de julio de 2002."

Vale mencionar que desde muy pronto los periodistas mencionaron las dificultades que debían enfrentar los usuarios que solicitaron consultar los documentos de la Galería I. María de la Luz González, “Restringen los archivos del 68”, Reforma, 30 de marzo de 2002.

Véase: Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, Informe Histórico a la Sociedad Mexicana, México, Procuraduría General de la República, 2006. El documento digitalizado puede consultarse íntegro en el portal de Internet: “The National Security Archive”, The George Washington University: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB209/informe/

Al respecto puede consultarse una amplia crítica sobre los resultados de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especial, publicado bajo el título: Lost in Transition. Bold ambitions, Limited Results for Human Rights Under Fox, Washington D.C., Human Rights Watch, 2006. Véase también: Jorge Alejandro Medellín, “Experta asegura que fracasó la Femospp”, El Universal, 4 de abril de 2006. Véase también: Alfonso García Morales, María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, Mario Ramírez Salas y Américo Meléndez Reyna, “México. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”, en Rubén Ruiz Guerra (coord.), Entre la memoria y la justicia. Experiencias Latinoamericanas sobre la Guerra Sucia y defensa de los derechos humanos, México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos-UNAM, 2005, pp. 221-237.

Aguayo, “Los Archivos del Cisen: 42 sillas”, art. cit. La misma directora del AGN, Stella González Cicero, en julio de 2012, al referirse a los archivos del CISEN señaló que apenas se conocía 1% de su contenido, y que la gente que acudía se desesperaba “porque no encontraba en media hora lo que está buscando”. Karina Avilés, “Aún hay ‘muchas sorpresas’ en los archivos sobre la guerra sucia”, 30 de julio de 2012.

De las tesis de licenciatura y maestría que emplearon el archivo de la DGIPS y la DFS seguramente nos faltará mencionar muchas, pero sirven como ejemplo: Alma Silvia Díaz Escoto, “¡Únete Pueblo! El discurso político de los informes sueltos sobre el movimiento estudiantil de 1968”, tesis de maestría, México, FFyL-UNAM, 2012; Camilo Vicente Ovalle, “Una violencia que no quiere decir su nombre. La creación del enemigo político y la desaparición forzada en México, 1970-1980. Elementos para una historia”, tesis de maestría, México, FFyL-UNAM, 2013; Francisco Ávila Coronel, “Problemas para el estudio de la guerrilla del partido de los pobres (PDLP), Atoyac, Guerrero (1972-2012)”, tesis de maestría, México, FFyL-UNAM, 2013.

Según mencionan Salazar y Hernández: “Este fondo documental llegó al AGN en enero de 1982, fecha en la que éste se encontraba estrenando sus actuales instalaciones en el denominado Palacio de Lecumberri —edificio de la antigua Penitenciaria de la ciudad de México—, y ahí quedaron bajo resguardo del mismo poco más de 2900 cajas de muy distintos tamaños. Dicho acervo entonces sellado y depositado en la Galería VII, a diferencia de otros grupos documentales generados por la misma Secretaría y puestos a consulta pública desde fecha temprana, tuvo un tratamiento especial debido a que se trataba de información de carácter confidencial y de seguridad nacional producida por la (DGIPS), la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Secretaría Particular”. Delia Salazar y Begoña Hernández y Lazo (coords.), “Introducción”, Guía del Fondo Secretaría de Gobernación. Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, 1920-1952, México, INAH, 2008, Disco compacto. Véase también Alfonso Urrutia, “Los servicios de inteligencia, al descubierto en el AGN”, La Jornada, 26 de mayo de 2002, en donde el entonces director del Archivo Histórico Central del AGN, Juan Manuel Herrera, señala que la documentación que entregaría el CISEN complementaría la que ya estaba en el AGN desde 1982. Véase también Jorge Nacif Mina, “El Archivo General de la Nación en la era de la apertura de la información pública en México”, Desacatos, núm. 26, enero-abril de 2008, pp. 11-24.

Ídem.

Véase: Archivo General de la Nación, Guía General, publicada en el portal de Internet de dicha institución desde 2006 en: http://www.agn.gob.mx/guiageneral/. No obstante, en otros documentos el mismo AGN designa a la sección con el nombre completo que tuvo la institución: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).

"La Comisión especial del 68, creada en agosto de 1997, durante prácticamente un año consultó y digitalizó los expedientes vinculados al movimiento estudiantil en el AGN. En 1998, la entonces directora del archivo, Patricia Galeana, señaló que debido a que habían pasado los 30 años de reserva, próximamente se pondrían en consulta pública 50 cajas con los documentos del movimientos estudiantil de 1968, que habían sido revisados por la “Comisión Especial del 68” de la Cámara de Diputados, aunque la funcionaria señaló que no existía seguridad de que el acervo de DGIPS, tal y como lo recibió el AGN, no tuviera “huecos o mutilaciones”. Guadalupe Irízar, “Abren archivos del 68”, Reforma, 30 de septiembre de 1998.

Sobre la influencia de dicha comisión en la promoción y la apertura de los archivos confidenciales y la creación de una ley de archivos, véase también: Sergio Aguayo Quezada, “La insidiosa todología”, Reforma, 18 de agosto de 1999; y Jaime Ramírez Garrido, “68: crónica de los archivos bajo llave. Un viaje a los sótanos del Archivo General de la Nación”, Nexos, septiembre de 1998. http://www.nexos.com.mx/?p=8988."

"Además de los primeros esfuerzos realizados por el personal del AGN para ordenar las cajas de la sección DGIPS, ubicada en la Galería II, en la identificación, clasificación y descripción de los expedientes generados por la DFS, que pueden consultarse parcialmente en línea en la Guía General del AGN, colaboró un grupo de investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a cargo de Enrique Condés Lara, cuando preparaba su libro: Represión y rebelión en México (1959-1985), México, BUAP / Miguel Ángel Porrúa, 2007.

Con anterioridad, otros investigadores también inventariaron dichas cajas, como fue el caso de la historiadora Ángeles Magdaleno, quién revisó la sección DGIPS, en su labor de asistente de investigación de Sergio Aguayo o como asesora de la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, creada por el presidente Fox en 2001. Véase: Sergio Aguayo Quezada, 1968. Los archivos de la violencia, México, Grijalbo / Reforma, 1998; y del mismo autor, La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México, México, Grijalbo, 2001.

Por su parte Daniela Spenser Grollová también publicó el disco compacto Guerra Fría y guerrilla en México. Guía de acceso al archivo de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (México, AGN, 2003), que ofrece un buen referente para identificar una muestra de los materiales de la sección DGIPS. Véase también el libro de su coordinación Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y el Caribe, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Miguel Ángel Porrua, 2004.

Sobre el funcionamiento de la DGISP y la DFS, además de los trabajos de Aguayo, en fecha reciente han aparecido algunas publicaciones que aluden al tema: Jacinto Rodríguez Munguía, Historia confidencial. Las nóminas secretas de Gobernación, México, LIMAC, 2004; del mismo autor, La otra guerra secreta (Los archivos prohibidos de la prensa y el poder), México, Debate, 2007; Aaron W. Navarro, Political Intelligence and the Creation of Modern Mexico. 1938-1954, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, University Park, PA, 2010; Mireya Martínez Gobea, “El papel del aparato de control político en los procesos electorales y en los movimientos políticos michoacanos, 1934-1940”, tesis de licenciatura, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2010; Laura Beatriz Moreno Rodríguez, “Exilio y vigilancia en México: Nicaragüenses antisomocistas  en la mirada del servicio secreto, 1937-1947”, tesis de maestría, México, Instituto de Investigaciones Históricas Dr. José María Luis Mora, 2012; Tanalís Padilla y Louise E. Walker (eds.), ""Spy Reports: Content, Methodology, and Historiography in Mexicos Secret Police Archive"", Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 1-10; Sebastián Nelson Rivera Mir, “El archivo y la construcción de lo ‘confidencial’ en los inicios del México posrevolucionario”, Trashumante. Revista Americana de Historia Social, núm. 4, julio-diciembre de 2014, pp. 44-63."

Guadalupe Irízar, “Abren archivos...”, art. cit.

Esta razón explica en parte los fuertes mecanismos de seguridad para ingresar o salir del AGN, e incluso la presencia de policías en las galerías. Vigilancia policial que también genera algunas molestias a los usuarios.

Pueden verse los lineamientos de consulta en Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 2001.

Hasta 2006, un factor que creaba cierta tensión, y a veces mayor incertidumbre o expectativa a quienes revisaban el archivo de la DFS y DGIPS en el AGN, era que en ese entonces los integrantes de la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, creada por el mismo presidente Fox en 2001, pretendían documentar los casos sobre las personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia” y solicitaba copias o reservaba expedientes y cajas en ambas galerías.

A partir de mayo de 2006 cambió su denominación a Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México.

Al inicio de 2001, el doctor Aurelio de los Reyes, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también había emprendió un destacado esfuerzo de colaboración con el AGN en la identificación de los materiales gráficos contenidos en los expedientes de la sección DGIPS. Las fichas, elaboradas por varias generaciones de sus alumnos, pueden identificarse en los expedientes que contienen fotografías, caricaturas o carteles, pero hasta donde sabemos el resultado final aún no se encuentra publicado o a la disposición de los usuarios del archivo. A estos esfuerzos por dotar de herramientas de consulta el archivo también deben sumarse algunos catálogos que sirvieron de tesis de licenciatura, realizados por alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que dan cuenta de algunas temáticas específicas.

Véase Salazar y Hernández (coords.), Guía del Fondo de la Secretaría… op cit. En línea: http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/guia/.

Véase el cuadro clasificador completo en Ídem.

Los investigadores y jóvenes asistentes que nos sumamos al proyecto de  colaborar con el AGN en la elaboración de una guía de la DGIPS, no tuvimos mejor opción que dividir las tareas, aunque con cierta arbitrariedad, para avanzar lo más posible con base en los recursos y posibilidades con que contábamos. Unos y otros, con el respaldo y asesoría del personal del AGN, cambiamos los expedientes que se encontraban depositados en cajas de archivo muerto hacia unidades de resguardo más manejables —AGN 12, 16 y 20—, mismas que se etiquetaron respetando el número consecutivo de las cajas, pero subdividiéndolas por letras. Por ello, hoy en día muchas cajas de la sección DGIPS están subdivididas por tres o cuatro letras. Así, si algún interesado se tomara la curiosidad de contabilizar de nuevo el número de cajas de la sección, seguramente encontrará más de nueve mil unidades de depósito.

Por su propio carácter, el inventario general que realizamos, aunque trató de asignar un tema clave a cada expediente contenido en más de mil cajas, no da cuenta pormenorizada del contenido específico de cada uno. Por ello en la sección “Vínculos” sólo seleccionamos las cajas que correspondían al mismo estado y corte cronológico de los 856 expedientes registrados en las fichas de la presente guía.

Los archivos digitales de dicho inventario pueden consultarse en el Fondo de Referencia del AGN y en la Biblioteca Manuel Orozco y Berra de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.

"Por nuestra parte, aunque consideramos la posibilidad de continuar con el proyecto de elaborar una guía general de la sección DGIPS, hacia 2006 debimos suspender nuestra colaboración, debido a que nunca se logró consolidar un convenio formal de colaboración con el AGN, y por el curso de los intereses y proyectos de investigación de quienes nos involucramos en los trabajos. Los colegas del INEHRM siguieron en el esfuerzo por algunos años más, sin embargo éste no ha sido concluido, debido al volumen de los materiales que componen la sección, y hasta donde tenemos noticia por medio de la Guía general del AGN.

Por otro lado, desde el año 2005 optamos por realizar un inventario general, que desde nuestro punto de vista debió haberse realizado desde un principio para identificar el conjunto de los materiales de la sección DGIPS, puesto que el acervo, tal y como se entregó y puso a consulta en el AGN, contiene diversas copias del mismo expediente, sobre todo en la documentación de 1958 en adelante. Sabemos que otros investigadores, como Ángeles Magdaleno, también han entregado al AGN algunos inventarios de la sección DGIPS, que, aunque parciales, han facilitado la consulta de los que se han interesado por consultar el fondo.

Por último, tal y como supimos desde un inicio, debido a que en el grupo documental de la sección DFS, ubicado en la Galería I, también se encuentran materiales producidos por la DGIPS, es probable que otras copias de los mismos expedientes se encuentren en la Galería II del AGN."

Véase Cuadro clasificador y expedientes clasificados como “panoramas estatales, de la DGIPS, periodo 1920-1952”, en  Salazar y Lazo (coords.).

Diario Oficial de la Federación, 14 de junio de 1984. Mismas funciones de los reglamentos de 73 y 76. Tomado de Aguayo, 1968. Los archivos…, op. cit., p. 31.

"Después de haber revisado más de 2000 cajas del acervo de DGIPS, de la Galería II del AGN, hemos detectado que son escasos los expedientes que corresponden al periodo 1953-1964. Aunque eventualmente el investigador puede localizar algunos expedientes sobre organizaciones o instituciones que se estudiaron o vigilaron con especial énfasis en la segunda mitad de los años sesenta del siglo XX,  que incluyen algunos antecedentes que corresponden a los sexenios de Ruiz Cortínez y López Mateos, en la sección DGIPS prácticamente no existen expedientes individuales que se centren en el periodo.

Ellos se debió, cuando menos a manera de hipótesis, a que tal vez la documentación generada por la dependencia entre 1953-1965, posiblemente fue depurada o destruida durante su vida activa, y/o fue enviada a una bodega de la SEGOB, distinta a la que concentró las cajas de archivo de los años anteriores o posteriores. También sabemos que una parte de la documentación del lapso referido quizá pueda ubicarse en el archivo de la DFS, ubicado en la  Galería I, que entregó el CISEN, pero cuyo contenido prácticamente se desconoce."

AGN, Identificación y Registro de Grupos Documentales. Dependencia: Secretaría de Gobernación. Unidad Administrativa. Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. El documento, que sólo consta de tres hojas, firmado por la licenciada María Guadalupe Alonso Fernández el 27 de junio de 1985, sólo señala como series documentales: Acuerdos, Comunicaciones internas, Comunicaciones externas, Investigaciones políticas y sociales; Análisis políticos, sectoriales, internacionales, etc.; personal, capacitación y especialización; Recursos financieros; Recursos materiales; Conservación y Mantenimiento. Y en el caso de los rubros en donde naturalmente se encontraría las “Investigaciones Políticas y Sociales”, sólo se indica en las observaciones “reporte sobre el resultado de las investigaciones realizadas”. Para el caso de los “Análisis políticos, sectoriales, internacionales, etc.”, sólo se indica en las observaciones que eran “estudios especializados sobre temas políticos, económicos, sociales, etc.”, 3f.

La DFS tuvo funciones bastante similares a las de DGIPS. Según recoge Sergio Aguayo del Diario Oficial, la función de dicha dependencia era “Vigilar e informar sobre los hechos relacionados con la seguridad de la nación”, y realizar las “demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan así como aquellas que le confiere el titular del ramo”. Aguayo, 1968. Los archivos…, op. cit., p. 30.

AGN, “Identificación y Registro de Grupos Documentales”. Dependencia: Secretaría de Gobernación. Unidad Administrativa: Dirección Federal de Seguridad, documento fechado el 14 de junio de 1985, f. 1.

Ibíd., f. 7.

AGN, “Identificación y Registro de Grupos Documentales”. Dependencia: Secretaría de Gobernación. Unidad Administrativa: Dirección Federal de Seguridad, documento fechado el 14 de junio de 1985, f. 7 y 8.

Sirve como ejemplo la clasificación 100-4-16, el cuatro corresponde al estado de Chiapas, y el 16, a partidos políticos. Luego podía venir otro número seguido de una diagonal invertida con algún otro número asignado a un partido en particular, como: 10-4-16 / 3, para el Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria. Ibíd., f- 41.

Aunque, como señala Sergio Aguayo, en el archivo de la DFS sí se encuentran las síntesis que realizaba su director para enviárselas al presidente. Aguayo, 1968. Los archivos…, op. cit., p. 31.

Ibíd., p. 31.

Archivo General de la Nación, Fondo Secretaría de Gobernación. Sección: Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (AGN-DGIPS en adelante), caja 2080-C, exp. 20, f. 3.

Ibíd.

Ibíd., f.4.

PRI, Partido Revolucionario Institucional.

Ibíd., fs-4-5.

Ibíd., f.5. Este último objetivo seguramente explica que en la sección DGIPS actualmente se encuentren distintas cajas que, sin clasificación alguna, reúnen colecciones de leyes o ciertas publicaciones periódicas que seguramente servían para realizar los trabajos en el llamado “centro de documentación”. 

Ibíd., fs.1-2.

Una buena revisión y compilación bibliográfica sobre los estudios sobre la guerrilla y la guerra sucia, sirve como anexo a la tesis de Alejandra Ivette Cruz Cruz, “El ataque al cuartel militar de Cd. Madera, Chihuahua. Un análisis de los lugares de la memoria. 1965-1973”, tesis de licenciatura, México, FFyL-UNAM, 2013. También Sergio Arturo Sáchez Parra, “La guerrilla en México. Un intento de balance historiográfico”, Clio, nueva época, vol. 6, núm. 35, pp. 121-144; y Arturo Luis Alonzo Padilla, “Diles que no me maten y si me matan que no me olviden. La memoria de la insurrección armada en México (1965-1982)”, Historia Actual Online, núm. 33, invierno de 2014, pp. 119-132.

En esta guía del periodo 1966-1973, de los 858 expedientes descritos en forma pormenorizada, 205 corresponden sólo al Distrito Federal, en tanto que sobre una entidad que se mantuvo en especial tranquilidad y seguramente fuera de la sospecha de la DGIPS, como Colima, sólo se conformaron 10 expedientes, y sólo encontramos algunos más mezclados en otros acervos.

El personal del AGN simplemente ordenó en forma alfabética los expedientes por año, y como tal, junto con los “estudios estatales” se integraron los expedientes relacionados con el devenir del Distrito Federal, cuyas características en muchas ocasiones difieren del conjunto.

Aguayo, 1968. Los archivos…, op. cit., p. 32.

Miguel Basáñez, “La crisis de 1968 y la crisis de 1976”, El pulso de los sexenios, México, Siglo XXI Editores, 1990, p. 42.

Soledad Loaeza, “México 1968: Los orígenes de la transición”, en Ilán Semo (Coord.), México, la transición interrumpida, México, Universidad Iberoamericana, 1993, p. 71.

Ídem.

Estos aspectos se destacan bajo la temática “Gobierno” en las fichas de la presente guía.

Munguía, Historia confidencial.. op. cit., p. 64.

AGN-DGIPS, caja, 501, exp. 2, 272 f, febrero-diciembre 1966; caja, 503, exp. 1, 246 f., febrero-diciembre 1966.

AGN-DGIPS, caja, 585, exp. 1, 641f., febrero-junio 1970.

AGN-DGIPS, caja, 502, exp. 1, enero-octubre 1966, 779 f.

AGN-DGIPS, caja, 504, exp. 1, enero-mayo 1966, 723 f.

AGN-DGIPS, caja, 504, exp. 4, enero-octubre 1966, 478 f.

Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, Historia General de México, vol. 4, México, El Colegio de México, p. 384.

Aspectos que se reúnen en el rubro “Asuntos políticos”.

AGN-DGIPS, caja 490, exp. 7, enero-febrero 1966, 381 f.

AGN-DGIPS, caja571, exp. 3, julio-diciembre 1970, 395f.

La información sobre estos sindicatos y organizaciones se localiza a lo largo de toda la base de datos.

Cuando la temática destacaba, la información fue sistematizada bajo “Asuntos internacionales”.

La Doctrina Estrada, en esencia, postula que: “México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos sino que se limita a mantener o retirar cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditadas en México, sin calificar ni precipitadamente, ni a posteriori el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades.… Quizá los momentos culminantes de esa gestión de Genaro Estrada hayan sido la Sexta Conferencia Internacional Americana celebrada en La Habana en 1928, en la que la delegación de México desempeñó un papel destacado dentro del esfuerzo para obtener que Estados Unidos aceptara la no intervención como norma de la convivencia interamericana, y la declaración unilateral que hoy es conocida como Doctrina Estrada”. Véase José Maximiliano de Rosenzweig Díaz, Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, tomo I, 1931, pp.111-112.

Como señala Munguía: mientras en casa se castigaba a quienes osaban retar o cuestionar el poder del Estado, hacia fuera, el gobierno de José López portillo invertía, al igual que su antecesor Luis Echeverría Álvarez, en imagen política del buen trato hacia los exiliados políticos en México. Véase Munguía, Historia confidencial…, op cit., p. 32.

Se reportó que en México extranjeros de filiación comunista pretendían adquirir armas para enviarlas a las guerrillas de Guatemala y Nicaragua. Véase AGN-DGIPS, caja 502, exp. 1, enero-octubre 1966, 779f.

Se registraron los acuerdos de México con Nicaragua para elevar el nivel de ambos pueblos. Véase en AGN-DGIPS, caja 508, exp. 3, enero-octubre 1966, 241f.

AGN-DGIPS, caja, 509, exp. 2, septiembre-noviembre 1967, 434f.

AGN-DGIPS, caja 508, exp. 3, enero-octubre 1966, 241f.

AGN-DGIPS, caja, 604, exp. 2, enero-septiembre 1971, 152f. La práctica de seguir a los opositores políticos exiliados en México durante la visita de los mandatarios de sus naciones de origen, fue común entre los agentes de la DGIPS, aun en años previos. Para el caso de los cubanos véase “De exiliados políticos y otros sospechosos cubanos en México, bajo el lente vigilante de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (1924-1953)”m Cambio social y cultura caribeña, siglos XIX y XX, vol. 1, México, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo / Universidad Veracruzana / Instituto Veracruzano de Cultura / Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe-UNAM / Asociación Mexicana de Estudios del Caribe A. C.  (El Caribe Contemporáneo 1), 2009, pp. 56-79.  También pueden verse varios ensayos de: Delia Salazar Anaya y Gabriela Pulido Llano (coords.), De agentes, rumores e informes confidenciales. La inteligencia política y los extranjeros, 1910-1951, México, INAH, 2014.

José Agustín, Tragicomedia mexicana I. La vida en México de 1940 a 1970, México, Océano, 1996, p. 227.

Miguel Quiroz Pérez y Lucino Gutiérrez Herrera, De Carranza a Salinas. Otras razones en el ejercicio del poder en México. Estado, régimen y sistema. Ensayo de historia política, México, UAM-Azcapotzalco, 1993, pp. 240-241.

Los desastres naturales fueron ubicados en el rubro: “Contingencia”.

Véase José Luis Reyna, “Estado y autoritarismo”, El sistema político mexicano, México, Nueva Política, vol. 1, núm. 2, abril-junio de 1976, pp. 75-98.

La tesis doctoral de Jaime Pensado aborda distintos aspectos sobre la vigilancia de los estudiantes con base en la consulta de los archivos de la DGIPS y la DFS. Véase “Political Violence and Student Culture in Mexico: The Consolitation of Porrismo during the 1950s and 1960s”, Chicago, Univerity of Chicago, 2006.

AGN-DGIPS, caja, 492, exp. 3, junio-julio 1966, 548 f.

AGN-DGIPS, caja, 494, exp. 1, enero-abril 1966, 469 f.

AGN-DGIPS, caja, 490, exp. 1, enero-noviembre 1966, 625 f.

AGN-DGIPS, caja, 640, exp. 3, junio-agosto 1971, 652 f.

AGN-DGIPS, caja, 490, exp. 2, enero-noviembre 1966, 620f.

AGN-DGIPS, caja 491, exp. 2, enero-diciembre 1966, 553f.

Dentro de los informes destacan las movilizaciones que llevaron a cabo las normales rurales en diferentes puntos de la república. Se evidencía que su participación no sólo se limitó al ámbito estudiantil, sino que se involucraron de manera directa en las luchas populares de su región. Un ejemplo de ello está en la particpación de los estudiantes en Chihuahua para le recuperación de tierras. Tanalís Padilla, “Espionage and Education: Reporting on Student Protest in Mexico´s Normales Rurales, 1960-1980”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 20-29.

Sergio Aguayo es uno de los primeros investigadores que documentó sus investigaciones sobre el movimiento estudiantil de 1968 con base en los informes de DGIPS. Véase Aguayo Quezada, 1968. Los archivos… op.cit. Véase también Julio Scherer y Carlos Monsiváis, Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, México, Nuevo Siglo / Aguilar 1999.

AGN-DGIPS, cajas: 490, 491 y 539. julio-octubre 1968.

Guillermo Sierra Araujo, “Juventud en disidencia. La contracultura como desobediencia social y su proceso histórico en la ciudad de México. 1968-1973”, tesis de licenciatura, México, ENAH, 2008, p. 84.

Como se sabe, los sindicatos han sido dirigidos por las burocracias sindicales más diversas, ligadas por décadas a los intereses generales del Estado posrevolucionario. Los planes de elevación de la productividad, el mejoramiento de la calidad de trabajo, el ataque del gobierno a los contratos colectivos, los recortes de prestaciones, los despidos masivos, etc., fueron medidas que afectaron las fuentes de consenso de esos líderes entre las bases obreras. Véase Sergio Sánchez Díaz, “Tendencias sindicales en México al final de una Era”, Espiral, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad de Guadalajara, vol. I, septiembre de 1994, p. 213.

Luis Humberto Méndez y Berrueta, y José Othón Quiroz Trejo, “25 años de sindicalismo en México. Un balance pesimista”, El Cotidiano en línea 2009, vol. 24 citado 2011-09-02. Disponible en Internet: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32512743009. ISSN 0186-1840.

Existe un interesante artículo que utiliza documentos de la DFS para analizar la  vinculación del líder obrero Vicente Lomabrdo con la inteligencia soviética y el comunismo durante la Guerra Fría. Véase Patrick Iber, “Managing Mexico´s Cold War: Vicente Lombardo Toledano and the Uses Political  Intelligence”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, p. 19. Una revisión más amplia sobre la vigilancia de los trabajadores y las organizaciones sindicales en el siglo XX puede verse en Delia Salazar Anaya y Laura Beatríz Moreno Rodríguez, “El poder del confidente. El trabajo y los trabajadores bajo la lente de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales”, en Cuauhtémoc Velasco (coord.), Sujetos históricos, archivo y memoria, México, INAH (en prensa).

AGN-DGIPS, caja, 670, exp. 3, enero-junio 1972, 721f.; caja, 671, exp. 2, noviembre 1972-abril 1973, 373f.; caja, 674, exp. 2, enero-diciembre 1972, 722f. Sobre la vigilancia al líder ferrocarrilero véase el libro de Begoña Hernández y Lazo, Demetrio Vallejo Martínez. Un luchador social, México, Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A. C. / Editorial Los Reyes, 2011.

AGN-DGIPS, caja, 693, exp. 1, mayo-julio 1972, 676f.

AGN-DGIPS, caja, 518, exp. 2, octubre 1967, 550f.

AGN-DGIPS, caja, 622, exp. 1, enero-febrero 1971, 342f.

AGN-DGIPS, caja, 678, exp. 1, agosto- diciembre 1972, 522f,

Laura Beatriz Moreno Rodríguez, “El campo mexicano a partir de los setenta”, El canto nuevo como forma de resistencia social y política. 1974-1983. El caso de la COCEI en Juchitán, Oaxaca, México, España, Editorial Académica Española, 2011, pp. 27-32.

Guillermo Bonfil Batalla, “Los pueblos indígenas: Viejos problemas, nuevas demandas”, en Pablo González Casanova y Enrique Florescano, México Hoy, México, Siglo XXI, 1979, pp.105-107.

AGN-DGIPS, caja, 504, exp. 2, octubre-diciembre 1966, 88f.

AGN-DGIPS, caja, 598, exp. 2, enero-julio 1970, 640f.

AGN-DGIPS, caja, 600, exp. 1, enero-diciembre 1970, 127f.

AGN-DGIPS, caja 599, exp. 3, noviembre 1970- marzo 1971, 798f.

Mario Ramírez Salas, “La relación de la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres en el estado de Guerrero en la década de los setenta”, en Verónica Oikión Solano y Marta Eugenia García Ugarte (coords.), Movimientos armados en México, siglo XX, México, Colegio de Michoacán / CIESAS, 2006, p. 528.

AGN-DGIPS, caja, 492, exp. 2, diciembre 1966, 265f.

AGN-DGIPS, caja, 530B, exp. 3, enero-diciembre 1968, 530f.

Detención de Genaro Vázquez en Guerrero, quien más tarde fue liberado por una operación llevada a cabo por los integrantes de su grupo. Véase en AGN-DGIPS, caja, 500, exp. 5, marzo-diciembre 1966, 450f.

El caso del FER es analizado desde sus origenes hasta su extinción por Sergio Aguayo, quien mediante los informes de la DFS proporciona elementos sobre el modo en que esta organización estuvo sometida a la violencia por las diversas fuerzas policíacas y los servicios de inteligencia. Sergio Aguayo, La Charola… op ci.,, pp. 167-225.

Véase Moreno Rodríguez, “Movimientos contestatarios”, El canto…, op. cit., p. 26.

Alexander Ávila, “An Archive of Counterinsurgency: State Anxieties and Peasant Guerrillas in Cold War Mexico”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 41-51. DOI: 10.1080/13260219.2013.805722.   

AGN-DGIPS, caja, 575, exp. 1, octubre 1969-enero 1970, 779 f.

AGN-DGIPS, caja 599, exp. 2, julio-noviembre 1970, 496 f.

AGN-DGIPS, caja, 530B, exp. 3, enero-diciembre 1968, 530f.

AGN-DGIPS, caja, 531B, exp.2, febrero-diciembre 1968, 340f.

AGN-DGIPS, caja, 531B, exp. 4, febrero-diciembre 1968.

Recientemente se ha publicado el caso de la desaparición forzada de integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). Mediante los informes de la DFS se demuestra la participación de la policía secreta y las fuerzas militares en las detenciones de estos guerrilleros, de quienes actulamente no se sabe su paradero. Véase Adela Cedillo, “Traicing the Dirty War´s Disappeared: The Documents of Operation Diamante”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 71-90.   

Véase como ejemplo: Condés Lara, op. cit., o los distintos ensayos que se encuentran en la obra colectiva coordinada por Oikión Solano y García Ugarte (coords.), op cit.

En julio de 2012 un conjunto de académicos de diversas instituciones discutimos algunos de estos aspectos en el marco del coloquio: “Vigilados y vigilantes. Seguridad, espionaje, control político y social en la historia de México, siglos XVII-XXI”, en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Algunos de sus resultados más relevantes se encuentran en prensa en un número temático de la revista: Antropología, Boletín Oficial del INAH, bajo la coordinación de Delia Salazar Anaya y Eduardo Flores Clair.

A partir de la desclasificación de los informes generados por  los servicios de inteligencia mexicanos, la historiografía se ha enfrentado a nuevas preguntas y retos que hacen necesario plantear nuevas propuestas metodológicas con el objetivo de acercarse de manera adecuada al pasado reciente. Para llevar a cabo este análisis se considera prioritario mantener un diálogo con las distintas disciplinas de las ciencias sociales, hacer un balance de los beneficios y limitaciones del uso de estos informes confidenciales, y contrastar esta información con otras fuentes. Véase Tanalís Padilla y Louise E. Walker, op. cit., pp. 1-10; y Pablo Picato, “Comments: How to Built a Perspective on the Recent Past”, Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 19, núm. 1, julio de 2013, pp. 99-110.

Dentro de los expedientes se localizó gran número de personalidades que cobraron relevancia política, social, económica y cultural en el espacio regional, lo que hizo imposible hacer una investigación minuciosa sobre cada uno de ellos para conocer si los nombres fueron consignados de manera correcta.

Edward H. Carr, ¿Qué es la historia?, España, Ariel, 2003, pp. 104-105.

Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, Barcelona, Muchnik Editores (Atajos), 1998, p. 6.

Como bien auguró Jaime Ramírez Garrido, en su artículo “68 crónica de los archivos...”, op. cit.: “No creo que nadie encuentre el equivalente al ‘mátenlos en caliente’. En todo caso, lo que muestran esos documentos es el cuadro paranoide institucionalizado de aquellos días, la vigilancia obsesiva hacia los miembros de la oposición y cómo la difamación era parte tan fundamental en el trabajo de espionaje que terminó dominando en sus mismos informes”. http://www.nexos.com.mx/?p=8988.